Los ediles de la oposición acusan al PP de romper la promesa de subir su sueldo

El nuevo reglamento municipal, un texto encaminado a poner en claro las normas en los plenos del Ayuntamiento y a arbitrar el juego político entre los concejales del equipo de gobierno y de la oposición, se encuentra empantanado. La primera teniente de alcalde, Mercedes de la Merced, del PP, presentó el pasado lunes un borrador, pero el PSOE e IU lo rechazaron por varias razones, entre las que se cuenta la de que el texto no incluye la subida de sueldo prometida para los ediles que menos cobran (entre los que figuran los de la oposición). De la Merced, que se comprometió hace año y medio a aprobar este reglamento 'por consenso', retiró el texto. 'Si no se aprueba por acuerdo de todos, no se aprobará, tal y como dije. Este reglamento debe ser el de la corporación, y no el de un partido político', señaló ayer la primera teniente de alcalde.

El principal problema, según De la Merced, que enfrenta a la oposición y al equipo de gobierno para aprobar el reglamento es el relativo a los sueldos de los concejales. Es una desavenencia que arranca desde hace años. En 1999, el entonces primer teniente de alcalde, Juan Antonio Gómez-Angulo, decidió transformar el sistema de retribución de los ediles del Ayuntamiento de Madrid. Hasta entonces, los concejales de la oposición que no desempeñaban labores de portavoz cobraban un sueldo base de 290.000 pesetas y otras 100.000 más por asistir a consejos de administración de empresas municipales (a razón de 50.000 por comparecencia). Tras denunciarse que muchos de estos ediles (incluyendo los del PP) cobraban las 50.000 pesetas sin ni siquiera asistir, el pleno municipal de noviembre de 1999 optó por modificar la retribución: el sueldo de los ediles sería de 450.000 pesetas al mes, eliminando las dietas. Esto aún no se ha cumplido.El gobierno municipal aprobó en julio de 2000 una subida de sueldo para los concejales de la oposición menor que la prometida: el salario de estos ediles se quedó, aproximadamente, en 390.000 pesetas brutas. Tanto Matilde Fernández, del PSOE, como Julio Misiego, de IU, recordaron el pasado lunes el compromiso del acuerdo plenario.

'No se trataba sólo de discutir una subida de sueldo, sino de respetar lo prometido: en el acuerdo del pleno se especificaba que los salarios de los ediles que menos cobran actualmente se iban a equiparar con los de los directores de servicio, y eso se hacía para ganar transparencia. Equiparando los salarios a unas tablas de funcionarios se sabía cuánto cobraba cada uno', aseguró la socialista Matilde Fernández. Ésta añadió: 'Hay que decir que la discusión del lunes no fue sólo una cuestión de sueldos. También se habló de otros factores que, a nuestro juicio, mejorarían el futuro reglamento'.

Julio Misiego, de IU, también coincidió en que existen otras causas de desavenencia entre el texto presentado por el PP y el que la oposición persigue, pero agregó: 'Aunque no hay que ocultar tampoco que estamos en desacuerdo con el asunto de los sueldos, porque se incumple un acuerdo del pleno. Lo que ocurre es que el alcalde, José María Álvarez del Manzano, se ha negado completamente a eso, porque no está dispuesto a subir el sueldo a nadie'.

La primera teniente de alcalde, Mercedes de la Merced, del PP, asegura que el lunes llegó a la reunión con la oposición llevando un texto 'consensuado desde marzo' y que el único 'tema que no estaba cerrado' era el de los sueldos. 'En el acuerdo del pleno de 1999 se decía que se iba a subir el sueldo de los concejales de la oposición para equipararlo a un director de servicio, pero se especificaba que se haría de forma gradual. Y ahora que el Gobierno central exige un esfuerzo a las empresas privadas, no es el momento adecuado para subir los salarios de los concejales', explicó De la Merced.

Registro de Intereses Los otros factores que enturbian la aprobación del reglamento son el Registro de Intereses de los ediles, la participación ciudadana en el pleno mensual y la función de las comisiones informativas previas a éste.

El primer punto, el Registro de Intereses, enfrenta radicalmente a la oposición y al equipo de gobierno. Tanto es así que la concejal socialista Ruth Porta lo considera 'irrenunciable'. El PSOE e IU solicitan que este Registro de Intereses (donde los concejales consignan su patrimonio privado antes de jurar el cargo) pueda ser accesible para todos los ediles, sin necesitar el permiso expreso del alcalde.

De la Merced asegura que la oposición 'ya había dado el visto bueno' a este punto del reglamento. Y añadió: 'Ahora mismo, para acceder al Registro de Intereses es necesario un informe del secretario del Ayuntamiento y el permiso del alcalde. Pero en el reglamento se establece una novedad: para acceder a ese registro se piden dos informes: el del secretario, y aquí está lo novedoso, y el de la Junta de Portavoces, compuesta por representantes de los tres partidos políticos. Ningún alcalde se va a negar a entregar el Registro de Intereses si la petición va avalada por un informe del secretario y de la Junta de Portavoces. No entiendo el rechazo de la oposición: algo tienen que inventar para no estar de acuerdo'.

Tanto IU como el PSOE solicitan que en los plenos municipales exista más participación de las asociaciones de vecinos. Álvarez del Manzano es muy reacio a que nadie que no sea concejal intervenga en las sesiones plenarias. Tanto Misiego como Fernández solicitaron que esta participación ciudadana 'se regule de alguna forma'. De la Merced considera que ya está bastante regulada: 'En las juntas de distrito, los representantes de los vecinos y los mismos vecinos pueden participar. Alguna vez quizá se les haya negado la voz. Pero eso es culpa de quien dirige esa junta, y no del reglamento. Además, que yo sepa, en los años en que gobernó el PSOE, nunca dejó que hablaran los vecinos'.

El otro punto de discrepancia es el carácter de las comisiones informativas (reuniones específicas previas al pleno). La oposición exige que a estas reuniones tenga acceso la prensa y que sean resolutivas. Actualmente, sólo sirven para que los concejales del equipo de gobierno informen a los de la oposición de los acuerdos que van a aprobar en el pleno. De la Merced replica que esto, por el momento, es 'imposible'. 'Mientras la Comunidad no redacte una nueva ley regulando este asunto, como ha pasado en Barcelona, las comisiones informativas sólo pueden ser informativas, en ningún caso resolutivas. Y como no son resolutivas, pues es contraproducente que la prensa tenga acceso: podrían dar por hecho acuerdos que todavía no se han aprobado'.