Exteriores y Economía sabían que el orujo tenía benzopireno tres meses antes de la alerta

La versión oficial sobre el origen de la crisis del orujo ha entrado en barrena. Ni las primeras partidas de este producto fueron inmovilizadas el 27 de mayo en la República Checa, ni el Gobierno ignoraba la existencia del benzopireno hasta primeros de junio, ni el Ministerio de Sanidad conoció el problema el mismo día en que activó la polémica orden de retirada del aceite de orujo. Por el contrario, las primeras partidas checas fueron inmovilizadas el 22 de febrero, los ministerios de Exteriores y Economía conocían el problema desde abril y Sanidad fue informada del mismo a primeros de junio.

Celia Villalobos ha asegurado que su departamento emitió la alerta para inmovilizar todo el aceite de orujo español el mismo día -el pasado 3 de julio- en que conoció los análisis, realizados por el Ministerio de Agricultura, que revelaban un alto contenido de benzopireno en 11 muestras de esos productos. Agricultura, por su parte, sostiene que la crisis del orujo se desató el 27 de mayo, cuando la República Checa rechazó unas partidas de aceite de orujo español.

Pero lejos de estas fechas, los primeros aceites de orujo españoles fueron inmovilizados por la República Checa mucho antes, concretamente el 22 de febrero, debido precisamente a su alto contenido en benzopireno. Se trataba de un lote de 25 botellas, retirado por la Oficina de Inspección de Agricultura y Alimentos (CAFI) de ese país en un establecimiento de la cadena Kaufland de la ciudad checa de Hradec Králové. Los análisis checos de ese lote (que se reproducen en esta página) revelaban un contenido en benzopireno de 0,1 miligramos por kilo de aceite, es decir, 100 partes por millardo (el Gobierno aprobó ayer un límite máximo de 2 partes por millardo). El tope legal en la República Checa es de 10 partes por millardo, según confirmó la CAFI, y no de 2 partes por millardo, como ha venido afirmando el Ministerio de Agricultura.

La inmovilización del 22 de febrero fue sólo la primera. En marzo se produjeron en la República Checa otras tres prohibiciones de venta de aceites de orujo españoles, siempre por la misma razón: alto contenido en benzopireno. Estos hechos han sido revelados por el apoderado de la firma G-3 Poradci, Juan Carlos Morales -uno de los principales importadores de productos españoles para la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Ucrania- y confirmados por el embajador español en Praga, Santiago Cabanas, y por la portavoz de la CAFI, Daniela Kolejkova.

"En el problema del aceite de orujo ha habido dos dimensiones sucesivas", explicó ayer Cabanas. "Es cierto que hubo inmovilizaciones en febrero y marzo, pero entonces consideramos el asunto como un problema comercial, una dificultad de acceso al mercado para estos productos españoles. Su dimensión sanitaria sólo se hizo patente el 31 de mayo, cuando la prensa checa presentó el asunto como un gran escándalo de salud pública".

La inmovilización del 28 de marzo no fue ya en una tienda, sino en el propio almacén de G-3 Poradci. Los inspectores checos "tomaron el almacén", en expresión de Morales, y levantaron un acta de prohibición de venta de todos los aceites allí contenidos. Morales comunicó este hecho el mismo día 28 a la Oficina Comercial de la embajada, que tomó cartas en el asunto inmediatamente.

El resultado de esas gestiones fue una reunión convocada oficialmente en la embajada, alrededor del 5 de abril -ni Morales ni el embajador recuerdan la fecha exacta, pero sí aseguran que fue antes de Semana Santa- para exigir explicaciones al director de la CAFI, el ingeniero Jakub Sebesta. Éste les comunicó que los aceites de orujo españoles incumplían la ley checa 298 / 1997, que establece límites estrictos de benzopireno en el aceite (ni España ni la UE regulaban esa sustancia), y que la inmovilización continuaría en vigor.

Tanto el empresario importador como el embajador informaron de estos hechos a la Secretaría de Estado de Comercio, a miembros del sector aceitero y a la oficina de la Unión Europea en Praga, también en los primeros días de abril. Las inmovilizaciones de aceite español siguieron durante los meses de abril y mayo.

El 31 de mayo, el asunto trascendió a la prensa checa, que lo presentó como un gran escándalo de salud pública, con gran repercusión en radios y televisiones. La firma G-3 Poradci empezó a recibir llamadas de todos sus clientes -incluidas las grandes cadenas Carrefour, Tengelman y Kaufland- para devolver al importador los aceites, sin distinciones de ninguna clase entre sus diferentes marcas y tipos.

Ese mismo día, el embajador comunicó directamente al Ministerio de Agricultura la decisión del Gobierno checo de retirar de la venta todo el aceite de orujo español. Un día más tarde, el 1 de junio, el director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Francisco Simón, se reunía urgentemente con los representantes de los industriales envasadores y extractores de aceite de orujo para darles cuenta de al situación. Pero no les iba a sorprender.

La existencia de porcentajes elevados de benzopireno en el aceite de orujo llevaba rodando por los pasillos de Agricultura desde antes de las inmovilizaciones checas. Era una situación conocida, según fuentes del sector, por los extractores y envasadores y por las diferentes Administraciones y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). De hecho, a raíz de los análisis realizados en enero por el CSIC, numerosos industriales habían adquirido aparatos (siete millones de pesetas cada uno) para medir el benzopireno hasta unos niveles que se considerasen como no perjudiciales. "Adquirimos en abril el aparato. Hacíamos los análisis para rechazar muestras con un contenido superior a cinco partes por millardo y nos consta que también lo hacían muchas empresas", señala el presidente de una importante empresa envasadora de aceite.

El Ministerio de Sanidad afirma que la primera noticia que tuvo sobre la existencia de benzopirenos en el aceite de orujo le llegó por teléfono a principios de junio. Fue en una de las conversaciones habituales entre el subdirector general de Salud Pública, José Ignacio Arranz, y sus colegas del Ministerio de Agricultura. "Con José Manuel Vallejo [subdirector general de Control de la Calidad Alimentaria] y Ramón Fisac [subdirector general de Planificación Alimentaria] hablo a diario", comentó Arranz.

"Me avisaron, por si me llegaba por otro lado, de que había habido problemas con una partida en la República Checa", declaró Arranz ayer. Según su interlocutor, el incidente tenía "pinta de guerra comercial", porque en la notificación del Instituto de Higiene checo se incluía una frase que decía que "sólo los italianos saben elaborar un producto perfecto".

Ante estos hechos, el día 5 de junio, Agricultura convocó a Sanidad a una reunión. Su objetivo era "estar más seguros con una norma sobre benzopirenos [de que no iba a haber más problemas con las exportaciones]". Sanidad envió a varios técnicos a esta reunión. "Tenía un carácter tan científico que yo, desde luego, no fui", comenta Arranz.

A ese encuentro también asistieron técnicos del sector. La discusión se centró en el origen de la contaminación con benzopirenos y otros hidrocarburos. "En seguida se descartó que se tratara de una adulteración. También se eliminó que el problema estuviera en los disolventes [hexano] que se usan para extraer el aceite de la torta de orujo", informa Arranz. El 21 se repitió el encuentro.

Después de estas dos reuniones, sólo hubo silencio oficial. El Ministerio de Sanidad no empezó a preocuparse hasta después de una tercera reunión, la del 27 de junio. La Dirección General de Salud y Consumo envió a una jefa de servicio y un analista del Instituto de Salud Carlos III. Fue la técnica la que alertó al día siguiente a Arranz. Éste afirma: "Ya no era una estudio prenormativo abstracto. Se tenía la impresión de que pudiera haber una realidad en cuanto a la peligrosidad del procedimiento" que usaban los extractores del orujo. "Un día se te puede quemar la comida, pero cuando se te quema todos los días hay que preocuparse", explica.

El mismo 28, jueves, Arranz comunicó sus dudas a la directora general de Salud Pública, Dolores Flores. "Teníamos sospechas de que el sector estaba ocultando algo", declara el subdirector de Salud.

El viernes 29 de junio, Villalobos acababa de regresar de un viaje al exterior. Arias Cañete reconocía en medios allegados la posibilidad de que no se pudiera solventar la situación mediante el proceso de negociación iniciado con el sector. En Atocha, la sede de Agricultura, se manejaba la posibilidad de que Celia Villalobos hiciera pública la situación y se temía que la ministra comenzase la batalla por su cuenta ante una situacion que se podía corregir por la vía de la negociación.

El lunes 2 de julio se celebró una nueva reunión de urgencia entre miembros de los ministerios de Agricultura y Sanidad y los representantes del sector industrial. Sobre la mesa nuevamente dos posibilidades: negociar para solventar el problema, retirar el producto y fijar norma o hacer pública la situción. Sanidad daba un plazo de 10 días para el cambio. El sector reclamaba 20 días.

Al día siguiente, martes 3 de julio, Sanidad rompe la negociación y decide la alerta sanitaria más polémica de los últimos años.

Esta información ha sido elaborada por Javier Sampedro, Emilio de Benito, Vidal Maté y Julieta Rudich.