Garzón inculpa a ex mandos de Interior en el primer crimen de los GAL

Tras más de un año de hibernación, el juez Baltasar Garzón ha reactivado el sumario por el asesinato de Mikel Goikoetxea Elgorriaga, primera víctima mortal de los GAL, en diciembre de 1983. El ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, el ex jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez y los ex policías Miguel Planchuelo, José Amedo y Michel Domínguez han sido citados como imputados el 4 de septiembre.

La inculpación se ha producido a petición de la acusación popular, después de que el Servicio Regional de Policía de Burdeos comunicara al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional que no remitió comunicación alguna a las autoridades españolas sobre el asesinato de Goikoetxea hasta el 30 de diciembre de 1983.

Sin embargo, el ex comisario Álvarez reconoció haber elaborado el comunicado de reivindicación del crimen en nombre de los GAL a las tres horas de producirse, el mismo 28 de diciembre en San Juan de Luz (Francia), como 'labor de intoxicación'. Para la acusación popular, el rápido conocimiento que tuvo Álvarez del atentado 'únicamente podía responder a su connivencia con los autores del asesinato'.

Las diligencias hasta ahora practicadas confirman también, según la acusación, el encuentro que en diciembre de 1983 mantuvo Amedo en un hotel de Bilbao con los mercenarios Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier, en el que les habría ofrecido dinero a cambio de matar a Goikoetxea. Además, se ha certificado que Talbi no fue juzgado por estos hechos en Francia, lo que permite hacerlo en España.

Garzón ha ordenado que se libren sendas comisiones rogatorias a Francia para tomar declaración a ambos pistoleros. También ha citado, en este caso como testigo, al ex guardia civil Velázquez Soriano. Finalmente, ha elevado un suplicatorio al Supremo para que remita partes del sumario por el secuestro de Segundo Marey, en el que ya fueron condenados todos los ahora inculpados, así como los documentos descalasificados del Cesid.

Todas estas diligencias fueron solicitadas ya en 1999, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó que se esperase al resultado de las comisiones entonces puestas en marcha.