Los inmigrantes menores esperarán nueve meses para su regularización

Los representantes de los poderes estatal, autonómico y local que participan en el Consejo Superior de Política de Inmigración están de acuerdo en ampliar de seis a nueve meses el plazo que un menor e inmigrante irregular debe residir en territorio español para que el Estado asuma su tutela y le proporcione documentación. Esta medida, previsiblemente, se incluirá en el reglamento de la Ley de Extranjería, que el Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo día 20.

El secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, aseguró ayer a la salida de la primera reunión ordinaria del citado consejo, celebrada en Sevilla, que la prioridad en relación con los menores inmigrantes es la 'reagrupación familiar'. Así, las Subdelegaciones del Gobierno colaborarán con los consulados del Reino de Marruecos (país del que provienen la mayoría de los menores inmigrantes irregulares) para identificar a los jóvenes y trasladarlos junto a sus familias.

Si esto no fuera posible, la segunda prioridad en la política migratoria española es la de buscar la integración social de estos jóvenes en los países de los que proceden. Así, se estudian varias alternativas, como la construcción de centros educativos en Marruecos para estos muchachos y muchachas en colaboración con ONG españolas y de ese país y las autoridades del país norteafricano. Fernández-Miranda aseguró que 'el Gobierno no ha tomado decisión alguna' al respecto y admitió que la situación de los menores inmigrantes es especialmente compleja en Ceuta y Melilla, donde hay centenares de chicos indocumentados y solos.

Contingentes temporales

El segundo punto tratado ayer por el secretario de Estado, los representantes de las comunidades autónomas y diez vocales de la Federación Española de Municipios y Provincias fue el de los contingentes de trabajadores temporales. Fernández-Miranda dijo que 'los Gobiernos autonómicos, los empresarios y los sindicatos' deberán de fijar el número de trabajadores requeridos y el perfil laboral o el tipo de contrato de los mismos.

En la próxima reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración, prevista para principios del próximo trimestre, se fijará esta cifra y el secretario de Estado la trasladará al Consejo de Ministros para su aprobación. El consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Alfonso Perales, aseguró que su comunidad necesitará 30.000 trabajadores el próximo año. Fernández-Miranda destacó los acuerdos ya suscritos o en negociación con países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Puerto Rico o Polonia para reclutar trabajadores.

[Nueve inmigrantes indocumentados de origen magrebí fueron interceptados ayer tras desembarcar en un paraje costero de Tarifa, informa Efe. Los patronos de las dos embarcaciones usadas por estas personas para cruzar el Estrecho fueron detenidos].