Instituciones Penitenciarias deberá pagar 21 millones a la familia del preso que fue degollado por otro en Soto
La Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid ha condenado a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (es decir, al Estado) a indemnizar con 21 millones de pesetas a la familia del preso Jesús Cano Muñoz, de 46 años, que fue degollado por su compañero de celda -Pablo Esteban Bienvenido, de 66 años- en la cárcel de Soto del Real. El suceso ocurrió la noche del 12 de enero de 1996.
El tribunal considera que el Estado es responsable civil subsidiario del crimen por haber encerrado en una misma celda a un preso preventivo, la víctima, con otro que padecía una grave patología mental. La Audiencia eleva en casi 14 millones de pesetas la indemnización solicitada por el fiscal, quien reclamó sólo 7,5 millones para los dos hijos del fallecido alegando que entre éstos y su padre 'existía escasa relación afectiva'.
La magistrada Pilar Oliván, ponente de la sentencia, refuta tal argumento y da la razón al abogado de la familia, Francisco Vargas Salmerón. La sentencia absuelve, por inimputable, al homicida y ordena su ingreso en un centro penitenciario psiquiátrico durante 13 años, tras acreditar que padece 'un trastorno de ideas delirantes con paranoia'.
La juez arremete con dureza contra los directivos de la cárcel que decidieron aplicar el programa de prevención de suicidios al homicida. Este programa consiste en acoplar en una misma celda a un preso normal con otro con problemas psicólogicos para evitar que se suicide; o, al menos, para que el recluso sano avise rápido a los funcionarios si atisba algo anormal en el comportamiento de su compañero. El preso normal recibe a cambio beneficios penitenciarios.
La sentencia critica que no se informase a la víctima del grave estado mental del homicida, así como la tardanza de los funcionarios en acudir a la celda tras el crimen. El homicida golpeó en la cabeza a su compañero, lo degolló con una cuchilla y le asestó decenas de cortes.
