Otra sección del TSJ sí que autoriza el palacio en el Benacantil

La disparidad de criterios sobre la legalidad del proyecto del palacio de congresos en la ladera del Monte Benacantil de Alicante ha alcanzado a la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. La sección tercera de la sala acordó el pasado día 22 la suspensión cautelar de la obra a raíz de un recurso presentado por los grupos de la oposición, PSPV y EU. Cuatro días antes, la sección segunda dictaba un auto diametralmente opuesto y acordaba denegar la suspensión cautelar del mismo acto administrativo objeto de la impugnación: el acuerdo de la comisión de gobierno del Ayuntamiento del 24 de enero por el que el PP aprobaba el proyecto de ejecución del palacio en el Benacantil.

El auto de la sección segunda se produce en respuesta a un recurso presentado por un particular, un abogado de Alicante, que optó por acudir a la vía judicial porque el Ayuntamiento no respondió a las alegaciones que presentó al proyecto.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario han señalado que esta discrepacia de los tribunales sobre una misma materia, aunque no habitual, sí es posible. La dispararidad de criterios puede estribar en los desiguales fundamentos y argumentos esgrimidos por las partes demandantes. La solución a este inusual hecho jurídico pasa por el denominado recurso de revisión, al que pueden acogerse las partes y que obligaría a la sala a unificar su doctrina jurídica.

La consejera portavoz del Consell, Alicia de Miguel, aludió ayer a la 'evidente contradicción' que supone el hecho de que dos salas distintas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano hayan dictado resoluciones 'tan diferentes' sobre el palacio de congresos del Benacantil para justificar la decisión adoptada por el Consell, que aprobó una modificación de crédito de 150 millones de pesetas para 'apoyar' el proyecto. El objetivo de la decisión es 'dotar adecuadamente la financiación' del polémico palacio de congresos. La consejera portavoz, Alicia de Miguel, señaló al dar cuenta de los asuntos tratados ayer por el pleno del Consell que el Gobierno valenciano 'respeta las decisiones judiciales', pero añadió que también tiene 'gran interés' en que salga adelante el proyecto, que es 'muy importante y muy bueno' para los ciudadanos de Alicante.

La decisión del Consell causó estupor en medios municipales de Alicante. El portavoz del PSPV, José Antonio Pina, recordó al alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, que 'la suspensión cautelar del TSJ afecta a todo el proyecto', informa Ezequiel Moltó. Para el primer partido de la oposición la cantidad es 'ridícula' y sólo persigue lavar la cara al alcalde, 'que ha comprobado cómo los tribunales cuestionan la ubicación del palacio de congresos en el Benacantil', dijo.

Plan de Salud

Por otra parte, De Miguel resaltó que en la reunión de ayer el consejero de Sanidad, Serafín Castellano, presentó el Plan de Salud de la Comunidad Valenciana para el periodo 2001-2004, anunciado en varias ocasiones durante los últimos años sin que llegara a ser presentado. Con ocasión de este enésimo anuncio, la consejera portavoz aseguró que el proyecto será presentado la próxima semana durante unas jornadas dirigidas a profesionales del sector sanitario, pero eludió ofrecer cifras acerca del plan. Éste tendrá como objetivos prioritarios la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la adecuación de la prestación de servicios sanitarios y el apoyo para el fomento de la salud. Según De Miguel, el proyecto 'responde de forma acertada a las necesidades y problemas de salud de los ciudadanos'.

El Consell acordó también la personación de la Generalitat, en el ejercicio de acción popular, en los procesos judiciales penales incoados como consecuencia de agresiones domésticas contra mujeres en la Comunidad Valenciana. Mediante este acuerdo, se autoriza al consejero de Bienestar Social, que tiene atribuidas las competencias del ámbito de la mujer, para que decida la personación de la Generalitat como acusación popular en los procedimientos judiciales penales en los que, con ocasión de agresiones físicas domésticas, se cause la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunidad Valenciana.

Además, el Gobierno aprobó la realización de una serie de obras de emergencia para paliar el problema de la sequía y garantizar el abastecimiento de agua a la población y otra para reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales de octubre pasado, todo ello por importe de 1.737 millones de pesetas.