Delincuencia
El brutal asalto a un chalé en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, llevado a cabo por un ciudadano extranjero que residía ilegalmente en España y en el que fue degollado su propietario y heridas de diversa consideración su mujer e hijas, parece tener por móvil el robo, aunque la policía no descarta que pueda tratarse de un crimen por encargo o venganza. En todos los países desarrollados es habitual la presencia más que proporcional de extranjeros entre los delincuentes. No es el factor esencial de la delincuencia, pero ignorarlo por corrección política resulta ridículo: existe un problema específico, muchas veces ligado a mafias que explotan situaciones de marginalidad social y que se han especializado en asaltos a domicilios, la trata de blancas y el narcotráfico.
Lo rechazable no es reconocer esa evidencia, sino aprovechar la circunstancia de la nacionalidad del delincuente para convertirlo en argumento general contra la inmigración, irregular o no, de personas llegadas a España para ganarse la vida mediante su trabajo y que contribuyen al progreso económico. Aparte de su nulo fundamento y de la xenofobia que destila, tal discurso sólo sirve para confundir a la sociedad sobre la naturaleza de la inmigración.
Tampoco es de recibo aprovechar tragedias como la de Pozuelo para decirle a la población que su seguridad debe correr por su cuenta, como ha hecho el delegado del Gobierno en Madrid, Javier Ansuátegui. Tal mensaje es inaceptable. La seguridad privada sólo puede ser subsidiaria, de ningún modo sustitutoria de la seguridad pública que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos, por mandato constitucional, mediante las fuerzas policiales.
La cuestión que plantea el crimen de Pozuelo, como otros de parecida índole, es si los responsables políticos de las fuerzas de seguridad prestan suficiente atención a los delincuentes peligrosos y a las mafias criminales que se instalan en nuestro país aprovechándose de la libertad de movimientos en el ámbito europeo. Los propios responsables policiales dicen tener constancia de que al menos 200 organizaciones criminales, integradas por más de 4.000 personas, funcionan en territorio español.
El autor del crimen de Pozuelo tenía abierto un expediente de expulsión, dejado en suspenso a la espera de su enjuiciamiento por delitos de robo con fuerza y hurto que no comportan prisión preventiva. Posiblemente, todo correcto desde el punto de vista legal. Pero mientras tanto, esta persona ha estado en paradero desconocido, fuera de control policial, y la justicia ha procedido con su habitual y exasperante lentitud. En casos como éste es exigible una mayor eficiencia policial y judicial. Se desbarataría la treta, utilizada con frecuencia por delincuentes extranjeros, de delinquir en España para paralizar su expulsión.
