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La puesta en libertad, el pasado sábado, de un joven de 17 años acusado de participar junto a otros dos delincuentes en el atraco callejero en el que murió apuñalado un ciudadano ecuatoriano el 28 de mayo ha sido la confirmación a las advertencias de los jueces y fiscales sobre la falta de medios para aplicar la Ley Penal del Menor, que entró en vigor el pasado 13 de enero.

El joven fue arrestado el jueves 14 de junio y, tras 48 horas de detención, fue llevado ante la titular del Juzgado de Menores número 6 de Madrid. La nueva regulación, que eleva la mayoría de edad penal de los 16 a los 18 años, exige que los detenidos sean evaluados por los equipos técnicos de la fiscalía (psicólogos y asistentes sociales) antes de que el juez decida sobre su posible internamiento. Sin embargo, estos equipos técnicos no trabajan los fines de semana, por lo que la juez decidió, ante la imposibilidad de contar con un psicólogo de guardia, poner en libertad al menor. 'Una desidia administrativa no justifica penalmente la prórroga de la detención de un menor hasta su máximo periodo de 72 horas', razona la juez en el auto. El joven, detenido tras una investigación policial que duró 17 días, está en paradero desconocido.

Otro de los supuestos participantes en el homicidio, también menor de edad, está en un centro de internamiento por orden judicial. Fue detenido el pasado miércoles y pasó los trámites correspondientes el viernes, día laborable para los peritos. El tercer implicado, supuesto autor de la puñalada mortal, no ha sido aún localizado.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, se declaró ayer 'absolutamente desolado' porque se haya llegado a esta situación, aunque justificó la decisión de la juez y recordó que su departamento ha denunciado, desde antes de la entrada en vigor de la ley, que el Ministerio de Justicia no ha puesto los medios materiales y humanos necesarios para la aplicación de la nueva regulación. Una apreciación en la que coincide con el responsable de la sección de Justicia del sindicato de funcionarios CSIF, José Luis Bauzá, quien dijo que la puesta en libertad del joven implicado en el homicidio era algo que 'tenía que ocurrir y ha ocurrido'.

Una escasez de medios que no reconoce, en cambio, el Ministerio de Justicia. Desde el departamento que dirige Ángel Acebes se emitió ayer un comunicado en el que se señala que los equipos técnicos que realizan los informes, aunque sólo trabajan de lunes a viernes, reciben una retribución en concepto de horas extras por trabajar durante los fines de semana y en casos excepcionales en los que se exija su participación de forma inmediata.