Aguas de Alicante altera sus estatutos para que Alperi cobre las dietas

Aguas Municipalizadas de Alicante (AMAEM) y Empresa Mixta de Aguas Residuales, SA (EMARASA), mercantiles participadas al 50% por el Ayuntamiento de Alicante y por su socio privado Aguas de Levante, cambiarán sus estatutos para que el alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, que preside los consejos de administración de ambas sociedades, y los concejales que participan en dicho órgano puedan seguir cobrando de las empresas a pesar de ingresar ya su sueldo por su dedicación exclusiva en el Consistorio. Los ediles socialistas denuncian que la alteración estatutaria se realiza "en fraude de ley" y renuncian al dinero. Alperi recibe al año de ambas empresas cerca de tres millones de pesetas, que unidos a su sueldo de alcalde (más de 11 millones) le convierten en uno de los políticos mejor pagados de España.

La modificación del articulado de los estatutos de AMAEM, que se someterá a aprobación en el próximo consejo de administración de la empresa de aguas, se sustenta en un informe jurídico de parte encargado a instancia de Díaz Alperi a un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos. De este informe se desprende que todas las remuneraciones de los consejeros se perciben en concepto de la mera asistencia a la reuniones y no por otros trabajos.

Sin embargo, el catedrático se contradice cuando justifica que el alcalde cobre más que el resto porque 'tiene una especial dedicación a las cuestiones que afectan a sociedades filiales de AMAEM'. A pesar de no reconocer que los concejales han estado cobrando retribuciones y no indemnizaciones, el catedrático recomienda la modificación estatutaria para que los ediles puedan seguir cobrando sin concurrir en incompatibilidad con el salario que reciben del Ayuntamiento.

Los ediles socialistas en el consejo sostienen, tal y como indica el actual artículo 27 de los estatutos, que el dinero se recibe con cargo a los gastos de explotación de la empresa en una cantidad equivalente al 8% de los beneficios, repartida a partes iguales entre ellos. Aunque ese alto porcentaje no ha llegado a aplicarse, José Antonio Pina, portavoz socialista en el Ayuntamiento y a su vez consejero de AMAEM, sostiene que la modificación estatutaria se propone en fraude de ley, ya que se trata de revestir de legalidad retribuciones encubiertas que a todas luces son ilegales.

Pina indica que el informe jurídico habla de meras indemnizaciones por asistencia a las reuniones pero, en realidad, 'las empresas aprueban sus cuentas en el mes de junio y es entonces, curiosamente, cuando se acuerda retribuir a los consejeros con cantidades que varían de un año a otro'.

Según Pina, el informe jurídico no solo no ha aclarado sus dudas sino que las ha acrecentado, por lo que ha decidido renunciar a 'toda retribución o percepción económica' de la empresa Aguas de Alicante en su calidad de consejero. Y en virtud de la Ley de Incompatibilidades reclama que dichas cantidades se ingresen en la caja de la Corporación municipal. Asimismo, pide a todos los concejales con dedicación exclusiva que renuncien a los emolumentos que reciben por su participación en órganos y entidades dependientes del Ayuntamiento.

A su entender, la proliferación de patronatos municipales que está promoviendo el gobierno local es 'escandalosa' y al final, explica, 'los ciudadanos no saben cuánto cobra el alcalde y los concejales, porque los salarios que figuran oficialmente no son los reales'.