Jiménez Villarejo pide protección penal frente a los insultos a jueces y fiscales

El fiscal jefe Anticorrupción evita responder a los ataques de Jesús Gil

El fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo abogó ayer por implantar en el Código Penal una figura que proteja a los funcionarios de Justicia de los ataques e insultos, en clara referencia a las continuas manifestaciones que contra su persona realiza el alcalde de Marbella (Málaga) Jesús Gil. El fiscal realizó estas declaraciones durante el XVI Congreso de la Unión Progresista de Fiscales, que se celebra en Málaga. En el encuentro, que finaliza hoy, son tratados dos puntos principales: la inmigración y el Pacto de Estado para la justicia.

Carlos Jiménez Villarejo evitó entrar en el juego de descalificaciones lanzado por Jesús Gil y tampoco se pronunció acerca de los diferentes procesos abiertos contra el primer edil de Marbella, ya sea por el caso Atlético o por la presunta malversación de 5.000 millones de pesetas procedentes de las arcas municipales. Villarejo se limitó a pedir amparo en el Código Penal ante los insultos.

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) Adrián Salazar solicitó un sistema de elección que garantice la independencia política del Fiscal General del Estado a propósito de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que se incluye en el Pacto de Estado para la Justicia. Además, apuntó que dicha remodelación debe incidir en una composición más democrática del Consejo Fiscal, que a su juicio deberá soportar más competencias.

Sobre la posibilidad de que, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los fiscales pasen a instruir los procedimientos, Salazar subrayó que en tal caso se requerirá un 'importante esfuerzo de medios e infraestructura'.

El portavoz del colectivo de fiscales consideró un avance el proceso extraordinario de regulación de inmigrantes abierto entorno a los residentes en España antes del 23 de febrero. 'Es positivo, aunque no deja de ser un parche', puntualizó Salazar dentro de un tono general de rechazo al 'procedimiento de expulsión que recoge la Ley de Extranjería'.

El presidente de la UPF lamentó la 'adscripción al Gobierno casi escandalosa' del defensor del pueblo Enrique Múgica al no tener en cuenta un dictamen realizado junto a Jueces para la Democracia en el que le solicitaban que recurriera la Ley de Extranjería por inconstitucional.

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