Un juez de menores pide medidas reeducadoras para los infractores de tráfico

El juez de menores de Granada Emilio Calatayud pidió ayer a los legisladores españoles que en la reforma de la Ley de Seguridad Vial se ofrezcan alternativas paracecidas a las de la nueva ley del menor, en el sentido de que la administración pueda cambiar parte de las multas de tráfico por otro tipo de medidas reeducadoras encaminadas a concienciar a los infractores y así evitar la reiteración.

Calatayud, que ya impuso hace tiempo una pena a un menor de visitas al Hospital de Traumatología de Granada, por un delito de circulación, expuso que 'de primeras se puede empezar a aplicar estos criterios a los menores y a los insolventes'. A su juicio, las multas que se imponen a los jóvenes menores de edad sancionan a los padres en lugar de a los infractores, por lo que resultaría más efectivo la realización de tareas socioeducativas o la imposición de trabajos en beneficio de la comunidad. Calatayud alertó del peligro que supone el que los jóvenes estén autorizadospara conducir vehículos a motor desde los 14 años. Aunque 'también habría que exigir responsabilidades a los fabricantes de motos que por ley no deberían poder pasar de una velocidad de 45 kilómetros por hora y no se cumple'.

Las personas insolventes económicamente son otro problema para la administración, según explicó el juez, pues no se les puede cobrar la sanción impuesta. En estos casos Calatayud también es partidario de imponer otro tipo de medidas de castigo. Pero para el resto de infractores 'se deberían establecer criterios de selección en función de las circunstancias personales de cada individuo'. Por ejemplo, para los casos de retirada del carné por conducir en estado de embriaguez, Calatayud aseguró que se debería exigir además un tratamiento médico que ayude a estas personas a prescindir del alcohol.

El juez de menores explicó que este tipo de medidas pueden ser impuestas tanto en el sitema penal como en el administrativo, pues se trata de 'una alternativa a las penas privativas de libertad'. Calatayud no observa especiales dificultades en que la administración realice la misma función que un juez en estos casos. 'Es cuestión de buscar los mecanismos necesarios, porque merece la pena intentarlo'. A su juicio, la decisión de quién debe ser objeto de la reeducación y de cuáles han de ser esas nuevas medidas alternativas podría corresponder a la autoridad administrativa que corresponda, bien el alcalde del municipio o el jefe provincial de Tráfico.

Para el juez, estas alternativas pueden ser 'más constructivas que las sanciones puramente recaudatorias'. Por este motivo propone ideas como el tratamiento ambulatorio de los infractores afectados por alguna enfermedad como el alcoholismo, los cursos de seguridad vial (en especial para los menores), los trabajos destinados al beneficio de la comunidad o tareas de concienciación como la visita a hospitales.