Una veintena de infraestructuras están recurridas por razones ambientales

Una veintena de proyectos constructivos, la mayoría de ellos públicos, se encuentran cuestionados actualmente en los tribunales del País Vasco por razones medioambientales. Carreteras, planes urbanísticos municipales y las infraestructuras contra el lindane son los principales asuntos pendientes en los juzgados, que en los últimos cinco años han visto multiplicarse las denuncias. 'Hace menos de diez años se contaban con los dedos de la mano los asuntos que estaban en los tribunales', señala un miembro de un colectivo ecologista.

Los grupos conservacionistas han empezado también a recurrir a las instituciones europeas y la UE mantiene en estudio media docena de quejas, de las que dos ya han sido consideradas infracciones ambientales. Se trata de la construcción de una de las tres principales infraestructuras contra el problema del lindane, el depósito del aeropuerto de Bilbao, y la habilitación del centro comercial Artea sobre un antiguo vertedero en Leioa. En este caso, Bruselas lo ha considerado ya como 'infracción contrastada'.

Los ecologistas auguran que 'esta judicialización' de los proyectos con afecciones al medio ambiente 'va a más y, en nuestros grupos, la figura del abogado es ya imprescindible'.

Los ecologistas censuran la utilidad real de los estudios de impacto ambiental, un instrumento para evaluar las incidencias de cualquier actuación sobre la naturaleza, puesto que en los últimos 12 años se han emitido cerca de 70 y todos han sido favorables. 'La viceconsejera [de Medio Ambiente], Esther Larrañaga, se vanagloria de que ninguno ha sido desfavorable, pero para nosotros es significativo que ningún estudio de impacto haya paralizado un proyecto. Sí es cierto que en muchos casos son positivos condicionados a medidas correctoras, pero luego no sabemos si eso se cumple', señala un dirigente ecologista.

Ante esta situación, califican de 'lógica' la decisión de ir a los tribunales. Actualmente, hay situaciones de todo tipo, con casos en fase de diligencias, con sentencias firmes o recurridas e incluso pendientes de la celebración de una vista oral. En esta última situación se halla el escape tóxico de la empresa química Rontealde, de Barakaldo, que en 1994 causó la muerte a un vecino y por el que tres directivos se enfrentan a un total de nueve años de cárcel.

Los proyectos de carreteras son los que con mayor frecuencia acaban en los tribunales. La pasada década se presentaron las primeras denuncias por la construcción de variantes, como la de Markina, cuyo proyecto se anuló dos años después de que estuviera funcionando, y a ella se han sumado las demás: la Variante Este, la nueva autovía de acceso a Bilbao abierta desde julio sobre la que se han presentado tres demandas y ya hay una sentencia firme; la variante de Berriz, también en servicio desde el pasado año, con denuncias ante el Tribunal Supremo y en los juzgados de Durango; la de Zeanuri, aún en fase de proyecto, con una demanda en el Superior; y la carretera entre Deba y Mutriku, también en fase de estudio, y con denuncia en el Superior. Esta proliferación de casos ha llevado a constituir una plataforma específica de rechazo a viales que causen daños medioambientales, llamada Bizirik.

Entre los proyectos urbanísticos, están las marismas de Barrika-Plentzia, el segundo humedal vasco por extensión, donde desde 1992 había un plan inmobiliario de 10.000 millones para habilitar un puerto deportivo y 750 viviendas. Tras cinco años, la Audiencia Nacional ha confirmado hace unos meses la prohibición del cualquier proyecto urbanístico, aunque el fallo se ha recurrido al Supremo.

A éste se ha unido el caso de Barrika -que ha supuesto la anulación de una recalificación de suelo y que la promotora haya parado las obras-y, más recientemente, el humedal de Barakaldo frente al Max Center, donde el Ayuntamiento ha empezado la urbanización para levantar centros comerciales en un área que la Jefatura de Costas está estudiando si es de dominio publico marítimo-terrestre. Una plataforma ecologista local, creada también por este caso, ha presentado denuncia en el Tribunal Superior.