Los municipios tardarán cuatro años en recobrar su inversión en centros escolares

La regulación autonómica de los convenios entre la Comunidad y los ayuntamientos para nuevas construcciones escolares y obras ha caído como una jarra de agua fría en los municipios. El decreto de la Consejería de Presidencia y Hacienda, del 17 de mayo (publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el 24 de mayo) establece un plazo máximo de cuatro años para devolver a los ayuntamientos el dinero que éstos adelantan para crear nuevos centros. Hasta ahora, los convenios tenían una duración de dos o tres años, según negociaran los ayuntamientos, y rara vez superaban una legislatura, según la FMM.

'Los cuatro años es el plazo máximo establecido, eso no quiere decir que luego Educación en cada convenio fije un plazo de uno o dos años', aseguraron fuentes de la Consejería de Presidencia y Hacienda, que resaltaron que el convenio con los ayuntamientos es un mecanismo que permite a la Comunidad crear más centros escolares que si tuvieran que gestionar ellos directamente todos y cada uno de los colegios que se construyen. 'De lo contrario tendríamos que priorizar y no podríamos llegar a tantos municipios', dijeron estas mismas fuentes, que resaltaron el carácter 'voluntario' de los convenios.

El convenio es una figura que utiliza el Gobierno regional, al igual que venía haciendo el central cuando tenía las competencias educativas, para agilizar las construcciones escolares, tal y como está contemplado en la Ley de Régimen Local del 2 de abril de 1985 y en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación del 3 de abril 1985, que prevé la colaboración de las distintas administraciones para crear infraestructura escolar. Los ayuntamientos ceden el suelo, contratan la obra y desembolsan la cantidad presupuestada, que luego les es devuelta en el plazo establecido.

'Desconocíamos hasta la intención de ese decreto', dijo Fausto Fernández, presidente de la Comisión de Educación de la FMM y alcalde (IU) de Rivas-Vaciamadrid. 'La firma de convenios supone asumir riesgos financieros y un desgaste tremendo', dijo. Y añadió: 'Todo lo que es asumir competencias que no nos corresponden y una demora en el pago nos crea problemas de financiación'.

Antonio Fernández, alcalde de Pinto (PSOE), se unió a esta crítica. 'Bastante tardan ya como para que lo retrasen más'. Su municipio tiene un convenio de 400 millones a tres años para un centro que ya está construido, pero la Comunidad no cumple los plazos de pago previstos. En junio pasado tenían que haber recibido 80 millones y no se los abonaron hasta febrero. A principios de año deberían haber recibido 130 millones y hasta la fecha no han visto 'un duro'. 'Somos un municipio solvente, pero hemos tenido que hacer un boquete en la tesorería para poder aguantar', resalta.

Adolfo Navarro, portavoz socialista en la comisión de Educación Asamblea criticó la nueva regulación. 'Los ayuntamientos son los que construyen, los que cargan con el peso financiero y la Comunidad se plantea ahora una devolución del dinero en cómodos plazos', manifestó.

Su homólogo de Izquierda Unida, Franco González, calificó de 'infumable' la normativa. 'Ya está bien de que los ayuntamientos tengan que cargar con la ineptitud de determinados gobernantes', manifestó.