El juez de vigilancia hace un mes que no deja salir a los presos hasta que se decide el recurso del fiscal

El juez de vigilancia penitenciaria Ernesto Alberola, a quien el Tribunal Superior de Justicia valenciano investiga por si ha cometido prevaricación al otorgar regímenes de tercer grado a los presos, hace más de un mes que, según fuentes de la Audiencia Provincial de Castellón, admite los recursos del fiscal en doble sentido. Eso significa que no hace efectiva la concesión de régimen abierto hasta que se ha visto el recurso del fiscal de vigilancia penitenciaria. El 90% de esos recursos prosperó contra el criterio del juez el año pasado.

La práctica profesional de Alberola, según fuentes del caso, ha sido hasta hace poco más de un mes, la de conceder -en aquellos casos en los que lo ha hecho- régimen abierto aplicando el recurso del fiscal en un solo sentido. Eso significaba que el recluso obtenía el tercer grado y, con posterioridad, se tramitaba el recurso del fiscal de vigilancia penitenciaria.

Desde hace al menos un mes, el juez ha cambiado, en la mayoría de los casos, la forma de abordar las peticiones de tercer grado y deja que el recurso del fiscal se vea en un doble sentido: la concesión del tercer grado queda en suspenso hasta que se decide el recurso del ministerio público.

Fuentes del caso aseguran que la mayoría de los regímenes abiertos concedidos por el juez Alberola han sido a delincuentes profesionales, ligados al tráfico de estupefacientes y cuya defensa ejercen, entre otros, los abogados Guillermo Forteza -ex juez y procesado en 1998 como letrado por dos supuestos delitos de estafa-, Ana Estela Luna y José Luis Colomer Signes. La concesión de los regímenes abiertos ha provocado un importante malestar entre los reclusos de las cárceles de Picassent y Castellón. De hecho, y tal como se señala en la memoria fiscal de Castellón de 2001, uno de los casos más criticados por los internos de la prisión de Castellón es el de Juan García Picamán.