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Columna
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El fiscal tiene un problema

Durante estos cuatro últimos años el fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, José María Mena, y el periodista Arcadi Espada nos hemos dedicado a un mismo trabajo: saber qué había sucedido en el llamado caso de pederastia del Raval. El fruto de nuestras investigaciones ha quedado por escrito. Puede consultarse y podrá consultarse siempre. La fiscalía ha producido múltiples documentos que constan en el sumario del caso y en la prensa. Espada ha firmado decenas de artículos en este periódico y en el año 2000 publicó el libro Raval. Del amor a los niños (Anagrama), que también consta en el sumario como prueba de la defensa. Entre el considerable aporte de la fiscalía y el del periodista hay diferencias de estilo y una sustancial diferencia de significado: el relato fiscal es falso y el de Espada se ajusta a la verdad, descontados en uno y otro lado lapsus marginales. Es decir, no voy a negar que en algún detalle haya errado, como tampoco voy a hacerlo respecto a la posibilidad de que la fiscalía haya podido incurrir, marginalmente, en la verdad.

El relato fiscal, iniciado en 1997 y concluido en el invierno de este año, describe la existencia de una red de pederastia internacional, con sede en el barrio del Raval de Barcelona: 12 personas, todas ellas detenidas, son sus responsables principales. Entre ellas figuran dos pederastas confesos, un concejal socialista del Ayuntamiento de Barcelona, un líder vecinal, una educadora social, un empresario de origen holandés y un psicólogo mexicano, éste último aún no detenido. Llama la atención la existencia de dos matrimonios con hijos -uno vendió al suyo a un pederasta por cuatro millones y otro lo alquilaba, sólo los fines de semana, a razón de 30.000 pesetas- y de una madre que no sólo vendía a sus hijos a la red, sino que incluso filmaba las prácticas. Las víctimas, todas ellas niños del Raval, llegan al centenar. Las pruebas del comercio carnal se hallan en los miles de fotografías y vídeos incautados a los pederastas, que aparecen, incluso, en muchos de ellos.

El relato de Espada, iniciado también en 1997, asegura que todo lo antedicho es falso. Y se sustenta en la descripción de cómo, y a través de qué mecanismos, pudieron construir el falso relato la policía, la fiscalía, el juez instructor, los psicólogos y los periodistas. En el libro de referencia, donde la pederastia ocupa, deliberadamente, un lugar secundario, se describen las graves prácticas ilegales de dos de los inculpados, aunque se subraya su total desvinculación respecto a los fundamentos del que fue llamado el caso del Raval: esto es la existencia de una red de explotación infantil y de comercio pornográfico.

El proceso judicial que se abrió en 1997 fue demostrando paulatinamente la falsedad del relato fiscal. Aunque lentamente, salieron de la cárcel los diversos imputados, que poco después alcanzarían la exculpación. Un auto de la propia Audiencia de Barcelona, del 30 de junio de 1998, dejaba en cinco el número de procesados y vertía críticas nada elípticas a la investigación judicial. Durante todo este tiempo ni la fiscalía ni la policía ni el juez instructor pudieron aportar una sola prueba que demostrara la explotación comercial de los niños: ni entonces ni nunca pudo incluirse en el sumario una sola imagen que presentara a niños del Raval manteniendo algún tipo de relación sexual entre ellos o con algún adulto.

El pasado miércoles, la sección décima de la Audiencia de Barcelona dictaba sentencia, absolvía a tres de los procesados y condenaba a otros dos. La sentencia reducía el imposible caso del Raval a la actividad sexual ilícita de dos pederastas y daba por alojado en el delirio el largo relato fiscal que había dado comienzo cuatro años antes.

Así pues, comprendo el problema del fiscal jefe. Hasta hace pocos días era la simple observación de los hechos la que demostraba que estaba en un error gravísimo. Ahora es una sentencia. Incluso comprendo que el pasado viernes convocara a las principales víctimas de su ficción -los periodistas- para decirles que 'hay más implicados en el caso del Raval'. Mal asunto cuando un fiscal debe recurrir a otra boca que no sea la de sus propios textos procesales. Pero debe entenderse que ya no es el fiscal el que habla. Un fiscal tendría un cuidado exquisito, democrático, republicano, en no herir a las víctimas, en no proyectar una luz de sospecha sobre las numerosas personas -adultos y niños- que estuvieron implicadas injustamente en el proceso. Un fiscal tendría el valor moral de reconocer las inquietantes consecuencias que se derivan del análisis de la actuación de elementos clave del Estado de derecho en el caso del Raval.

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Pero no. Cuando un fiscal, después de cuatro años, en los que ha habido instrucción, juicio y sentencia, convoca a la prensa y dice que 'hay más implicados', ya no es un fiscal. Es un escritor de ficción, partidario de los finales abiertos.

Espada se dedica a otra cosa, como usted habrá podido, dolorosamente, comprobar.

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