Zaplana ataca a los socialistas por operaciones en paraísos fiscales autorizadas por el Banco de España

El PSPV y Esquerra Unida pidieron explicaciones al presidente de la Generalitat sobre una serie de pagos del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en cuentas bancarias de entidades residenciadas en paraísos fiscales y supuestamente vinculados con el contrato firmado por la empresa pública con el cantante Julio Iglesias para la promoción exterior de los productos valencianos.

Zaplana recurrió al guión habitual, aseguró desconocer el origen de esos pagos y retó a los portavoces de la oposición a acudir a los tribunales si efectivamente habían detectado alguna irregularidad en las operaciones del Ivex. Una vez agotado el guión, el presidente optó por un golpe de efecto y aseguró que la administración socialista invirtió durante años recursos públicos en las Islas Caimán, un conocido paraíso fiscal, a través de la empresa Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento de Residuos, SA) una sociedad pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente. Zaplana dijo desconocer 'la finalidad' de tales inversiones ante la supuesta falta de documentación al respecto: 'Se llevaron todos los papeles', afirmó.

Más adelante, reiteró: 'Vaersa invirtió dinero durante años en las Islas Caimán. Nosotros cancelamos esa cuenta nada más llegar al gobierno, porque nos pareció una inmoralidad política, aunque sin responsabilidad jurídica. Por eso, no acudimos a los tribunales'.

Las cuentas de Vaersa correspondientes al ejercicio 1995, depositadas en el registro mercantil y accesibles al público, recogen en el activo circulante de la sociedad 'inversiones financieras temporales' por un total de 1.060 millones de pesetas que corresponden a 'imposiciones a plazo fijo en entidades financieras'.

Tales fondos eran los excedentes de tesorería de la sociedad pública que fueron depositados en un producto financiero que ofertaba entonces el Banco Urquijo a través de su filial Urquijo-Caimán y cuya virtud era la ausencia de retención fiscal.

El Banco de España fue informado de todas las operaciones de depósito a plazo fijo y con una rentabilidad asegurada a través del documento modelo para tales comunicaciones (DD1), también accesible al público

El Ministerio de Hacienda autorizó las operaciones a través de su departamento de transacciones en el exterior y todos los depósitos se ajustaron a las disposiciones que recoge la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana.

Los datos del balance de gestión de Vaersa de 1995 indican que los ingresos financieros derivados de tales depósitos ascendieron en 1995 a 123 millones de pesetas.

El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente a ese ejercicio destaca que Vaersa siguió las recomendaciones de la entidad fiscalizadora de las cuentas públicas y logró una 'mejor remuneración de los depósitos en cuenta corriente mantenidos en instituciones financieras', cuya rentabilidad se ajustó a unos intereses anuales comprendidos entre el 7,75 y el 9,18%.

Un experto financiero citó como virtudes de tales depósitos -conocidos como repos- que se renuevan semanalmente, son de disponibilidad inmediata en caso de necesidad, suelen tener una alta rentabilidad y, sobre todo, carecen de retención fiscal sobre los beneficios.

Un portavoz del Banco Urquijo confirmó la oferta de tales productos financieros y aseguró que 'todas las operaciones son muy claritas' y autorizadas por el banco emisor. El mismo portavoz explicó que todos los fondos que gestiona la filial Urquijo-Caimán corresponden a depósitos a plazo fijo. Y fue tajante en un aspecto: 'El Banco Urquijo no hace inversiones en ningún paraíso fiscal'.

El presidente de la Generalitat identificó desde la tribuna de las Cortes los depósitos a plazo fijo con inversiones en paraísos fiscales. Pero amplió la sombra de la duda cuando afirmó que desconocía el destino de tales fondos porque, supuestamente, los socialistas 'se llevaron todos los papeles'.

La afirmación del presidente choca frontalmente con las cuentas de Vaersa correspondientes a 1995 y depositadas en el Registro Mercantil porque el informe de gestión de ese ejercicio fue aprobado por un consejo de administración que presidía Maria Àngels Ramón-Llin, actual consejera de Agricultura, que entonces controlaba también el área de Medio Ambiente.

El informe reza textualmente: 'Reunido el consejo de administración, en fecha 28 de marzo de 1996, proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión de ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1995, a efectos de su verificación por los auditores; dichas cuentas están extendidas, en el original, en 85 hojas con el logotipo de la sociedad'.

Firman las cuentas la actual consejera de Agricultura, además de Juan Beneyto, Gloria Arnandis, Gonzalo Monfort, Francisco Raga, Manuel Pérez Navarro y Salvador Garulo. Dejaron de firmarlo Rafael Ferraro y Vicente Sanchis, entonces enfrentados a la dirección de Unión Valenciana.

El epígrafe correspondiente a la estructura financiera de Vaersa destaca que 'la sociedad presenta al cierre del ejercicio un fondo de maniobra de 2.974 millones de pesetas, lo que asegura la solvencia y liquidez de la empresa'. Y subraya un 'la empresa está altamente capitalizada al situarse el nivel de endeudamiento por debajo del 12%'.

La auditoría oficial elaborada por la empresa Deloitte & Touche y que firma el interventor general de la Generalitat, entonces Ramón Brull, el 1 de abril de 1996 indica que 'las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Vaersa al 31 de diciembre de 1995' y 'contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada'.

El posterior informe de la Sindicatura de Comptes sobre la auditoría oficial apenas comenta: 'En dos de los depósitos financieros, no estaban actualizadas las autorizaciones para disponer de los mismos'. Y sigue: 'Si bien, dicha situación ha quedado regularizada durante el ejercicio 1996'.Los socialistas estuvieron ayer rápidos en las Cortes ante la estrategia del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien, para eludir el debate sobre el caso Ivex, intentó involucrar al PSPV en una supuesta operación 'inmoral' en las Islas Caimán. Los socialistas respondieron a la acusación de Zaplana con un ataque, sin levantarse de sus escaños y sin micrófono. Numerosos diputados del PSPV empezaron a decir 'ahí, ahí', al tiempo que de forma ostensible señalaban con el dedo en dirección a Rafael Blasco, que ocupa un escaño del banco azul situado justo delante de las filas socialistas. El actual consejero de Bienestar Social fue miembro de varios gobiernos del socialista Joan Lerma y los diputados del PSPV se encargan últimamente de recordarlo cada vez que Zaplana saca a relucir algún asunto supuestamente turbio de aquella época. Y les recuerdan a ambos que fue el único consejero socialista destituido por presuntas irregularidades. 'Es el único miembro del actual Consell que pudo compartir, si la hubo, alguna corrupción del Gobierno de Lerma', señalan los socialistas, y recuerdan que los consejeros son corresponsables de las decisiones del Ejecutivo. Según los socialistas, Eduardo Zaplana 'utiliza' a Blasco para 'tapar sus propias vergüenzas'.