Dos rectores valencianos exigen más tiempo para debatir la ley universitaria

Los rectores de dos universidades públicas de la Comunidad Valenciana (la Universidad de Valencia, la más grande de la comunidad con unos 60.000 alumnos, y la de Jaume I de Castellón, con unos 10.000 alumnos) siguieron ayer los pasos dados por los rectores andaluces, que han rechazado la nueva Ley Orgánica de Universidades (LU), y exigieron al Ministerio de Educación que abra un periodo de análisis, busque el consenso y aplace la entrada del anteproyecto de ley en el Congreso de los Diputados, prevista para junio, al menos un mes más. Los rectores Pedro Ruiz, de la Universidad de Valencia, y Fernando Romero, de la Jaume I de Castellón, coincidieron en que 'la ley no resuelve los problemas más importantes de la universidad' y según Ruiz crea además 'nuevos conflictos de organización que complicarán la vida universitaria'. Este rector calificó la ley que prepara Pilar del Castillo de 'gatopardesca'.

Según Ruiz, 'los problemas más graves actuales quedan sin resolver y hay otros que se agravan', como la falta de definición de competencias de departamentos y centros o la irresuelta equiparación del profesorado de escuela universitaria al de facultad. El rector de la Universidad de Valencia calificó el texto legal de 'técnicamente muy deficiente', y lo atribuyó a la 'precipitación' del Gobierno.

Deficiencias y conflictos

Entre las deficiencias y los nuevos conflictos que generará la LU, Ruiz subrayó la ausencia de una definición clara del sistema de selección alumnos que sustituya a la selectividad, lo que puede 'crear desigualdades entre las propias universidades y entre los propios alumnos, en función de los criterios que se apliquen'; dijo que 'se mantienen los problemas de organización y docencia' y que no aborda la creación de la figura del investigador. Estos rectores desconfían además de 'la homologación de la representación de las universidades privadas al estatus de las públicas'. 'Si la voz del sistema universitario español -que debería responder a las necesidades de un servicio público- va a estar teñida por los intereses particulares, será peligroso', reflexiona Romero.

El PSOE también manifestó ayer su 'oposición frontal' con la nueva ley, aunque está 'abierto al consenso', dijo la secretaria de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. Los socialistas aseguran que presentarán una enmienda a la totalidad del proyecto si el Gobierno no rectifica en los aspectos ya criticados por los rectores andaluces y valencianos.

Sin embargo, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Puyol, dijo que, en líneas generales, el anteproyecto de ley 'es positivo' porque 'va al fondo' de las cuestiones y su 'contenido es valiente', aunque añadió que hay 'detalles y aspectos dudosos' que pueden ser mejorados. En este sentido, opinó que la composición del Consejo de Gobierno 'puede plantear dificultades' y que la elección del rector por sufragio universal ponderado puede verse sujeto a 'injerencias externas', informa Efe. Puyol añadió que el texto 'pide muchas cosas y de gran alcance a las universidades 'que deberían ser apoyadas con un esfuerzo de financiación de los poderes públicos' y que esta ley 'no es un atentado a la autonomía universitaria', pues 'cuando no se tiene autonomía es cuando no se tienen recursos'.