El CAC resuelve que la gestión de Barcelona Televisió se ajusta a la ley
El pleno del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) acordó en su sesión del pasado miércoles archivar el expediente informativo que abrió a Barcelona Televisió (BTV) a principios de este año con el objeto de determinar si el modelo de gestión de la cadena municipal se ajustaba a la ley. Entre otras actuaciones, el CAC solicitó un informe jurídico al respecto que, una vez estudiado, ha llevado al organismo a concluir que el Ayuntamiento de Barcelona cumple con la normativa vigente (ley 41/1995 y decreto 320/1996) 'por lo que respecta a la obligación de la gestión directa de BTV'. El Ayuntamiento ha sostenido siempre que su gestión de la cadena es directa y que en ningún caso la ha cedido a otra empresa, sino que el único vínculo que mantiene con las productoras que realizan los programas son los contratos de prestación de servicios suscritos con ellas.
El CAC, no obstante, considera que, aun siendo legales dichos contratos, deberían precisar con claridad que están sujetos a la autoridad del organismo audiovisual. También concreta las funciones de los directores de Informació i Comunicació de Barcelona (ICB) -la empresa que gestiona la cadena de televisión- y de la propia BTV 'respecto a los prestadores de servicios', así como establecer los supuestos de 'cesión o subcontratación' en el caso de que el capital social de los contratistas resultara alterado de forma 'sustancial'.
BTV tiene paralizada la adjudicación de la renovación de los contratos de servicios con productoras a la espera de que el CAC se pronunciara sobre el expediente informativo abierto. Mientras éste se desarrollaba ha habido cambios en los estatutos de BTV. Todos los grupos municipales han llegado a un acuerdo para reformarlos, de manera que se ha designado un consejo de administración con representación proporcional al pleno municipal y se ha nombrado a un director general por consenso, el periodista Juan Tapia.
Reclamación
Por otra parte, el CAC decidió reclamar a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión de la Generalitat, cuyo titular es Jordi Alvinyà, la documentación que acredita que las cadenas locales privadas Citytv y Flaix TV tienen licencia administrativa para emitir. Estas televisiones funcionan con licencias del Orfeó Català y Òmnium Cultural, respectivamente. El CAC pidió hace varias semanas a la Generalitat que explique por qué esos dos organismos que cuando obtuvieron la concesión compartían una misma licencia han acabado por tener dos. En vista de que ha pasado un tiempo que el CAC considera prudencial y la Generalitat no ha hecho llegar al consejo ninguna información, la autoridad audiovisual ha acordado insistir. El presidente del CAC, Francesc Codina, dijo recientemente en el Parlament que 'con la ley de 1995 en la mano, hay una cierta contradicción' en la autorización de dichas frecuencias.
