Los vecinos logran que la policía renuncie al derribo de una casa ilegal
La policía autonómica se reconoció ayer incapaz de hacer frente al movimiento vecinal organizador en los núcleos rurales de Vejer, Conil y Barbate, en la costa de Cádiz, para evitar el derribo de la primera vivienda ilegal construida en suelo de dominio marítimo terrestre sobre la que pesa una orden de demolición de la Junta de Andalucía. Tras dos días de concentraciones para impedir el paso de una excavadora, unos 300 vecinos consiguieron ayer la retirada de la dotación de la dotación encargada de hacer cumplir el dictamen de la Junta, que está avalado por una resolución judicial.
Los agentes informaron a la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz sobre la situación de inferioridad numérica en la que se encontraban. Ahora deberá la Junta la que pida apoyo a la Subdelegación del Gobierno para que ponga a su disposición efectivos de la Guardia civil para hacer frente a la situación.
Los agentes habían conseguido ayer un acuerdo con los propietarios de la vivienda por la que se hubiese permitido el derribo, siempre que el coste de la obra fuese asumido por la Junta y no por los infractores, como recogía la sentencia. A pesar de ello, los vecinos que ven amenazadas sus construcciones mostraron su disconformidad con el pacto y cerraron el paso a la excavadora.
