Calidad y rendición de cuentas, por adelantado
En dos años las universidades han promovido programas de calidad en 19 áreas incluidas en el Plan de Objetivos
El Programa Plurianual de Financiación de las Universidades Valencianas (PPF) para el periodo 1999-2003, siguiendo las directrices marcadas por el Libro Blanco contempló la puesta en marcha de un sistema de financiación complementario ligado a la consecución de objetivos que mejoraran la calidad y la gestión universitaria. Este reto paralelo fue una exigencia que se marcaron las propias universidades valencianas, convirtiéndose, así, en pioneras respecto al resto de campus españoles de un sistema basado en la 'lealtad a criterios objetivos' y una 'sana competencia'.
Ambos programas -el de financiación ordinaria y por objetivos- fueron concebidos y diseñados por los propios equipos económicos y gerentes, fundamentalmente de la Universidad de Valencia y de la Politécnica. De esta forma, el PPF se firmó ocho días antes de las elecciones autonómicas de junio de 1999 en un acto al que la Consejería de Hacienda, dirigida entonces por José Luis Olivas, dio sobrada difusión e incorporó rápidamente al cartel electoral de logros del primer gobierno del PP.
La foto de la aplicación del programa de financiación por objetivos, sin embargo, aún espera el marco idóneo. Cuando están a punto de cumplirse los dos años de aquel compromiso adquirido por la entonces directora general de Universidades, Carmen Martorell -que inició la andadura encargando la elaboración de la tabla de criterios a primar- el desarrollo sigue en ascuas. La entrada de Salvador Forner, al frente de la dirección que dejó Martorell, ha paralizado durante el resto de 1999, todo el 2000 y parte del 2001, la concreción de los indicadores a los que podían acogerse las universidades para competir por un 10% más de su financiación ordinaria.
Durante estos dos primeros años de PPF, el modelo por objetivos -el más atractivo, desde el punto de vista de la sociedad; el más aplaudido por el resto de universidades españolas, y el más vendido por el Consell en las reuniones de la Conferencia Sectorial de consejeros autonómicos de Educación- se ha financiado bajo mínimos. Es decir, con la partida 'fija' de 1.190 millones que se incluye anualmente dentro de los presupuestos ordinarios que destina la Generalitat Valenciana al sistema universitario. La posibilidad de desarrollarla al máximo, en base a varios indicadores con los que medir el grado de cumplimiento de objetivos de calidad en 7 áreas [docencia, I+D+I, empleo, gestión, cultura y deportes] para rentabilizar al máximo el modelo que permite un tope de poco más de 5.000 millones, está por ahora lejos de alcanzarse. Forner ha llegado, incluso, a reconocer a este periódico que 'el modelo es muy complicado' y que no le interesa.
Pese a esta conyuntura, y al elevado déficit acumulado por la Generalitat durante el primer quinquenio de gobierno del PP, los cinco vicerrectores y los gerentes han cerrado ya un documento llamado Sistema para la aplicación de la Subvención Adicional Condicionada por Objetivos. El modelo de criterios objetivados para repartir otros 1.500 millones más adicionales a los 1.190 fijos, recoge 19 indicadores para aumentar la calidad que, de entrada, las universidades valencianas ya han aplicado en sus respetivos campus durante los ejercicios de 2000 y 2001. Aunque cada una de ellas ha optado por enfatizar unos u otros aspectos para diferenciarse y poder ir imprimiendo un sello específico y propio de cara a la implantación del distrito abierto, que fomentará la movilidad de los estudiantes para que estudien en otra autonomía distinta a su lugar de residencia sin restricciones y elijan su carrera en función de que la oferta sea más o menos atractiva.
Competencia y calidad se imponen en este nuevo escenario de mayor movilidad de los estudiantes, y conscientes de ello, las universidades valencianas están haciendo sus deberes. Así las cosas, el tan cacareado discurso del gobierno de Zaplana -adoptado recientemente por el propio presidente Aznar, en Valencia- indica a todas luces que las universidades valencianas no sólo 'rinden cuentas a la sociedad' a la que sirven, sino que, además, lo han estado haciendo 'por adelantado'. El documento detalla los 19 objetivos [seleccionados de entre un listado de 69 indicadores] que las cinco universidades públicas sienten que están ya preparadas para abordar y competir, por tanto, por una mayor financiación en función de los resultados demostrables.
El aumento del rendimiento discente de los alumnos, cuyo objetivo es que los estudiantes aprueben el mayor número posible de asignaturas matriculadas, es uno de los indicadores más valorados por todas las universidades (con un 10) ya que les permitirá conocer el nivel de conocimiento adquirido para mejorar la metodología docente, adecuar planes de estudio o motivar a los alumnos. Junto a este indicador figuran también el interés por mejorar el aumento de la movilidad de estudiantes (es decir, fomentar el índice de estancia en el extrajero de los estudiantes en programas internacionales de intercambio) y el incremento de recursos destinados específicamente a ampliar la capacidad de contratación de doctores a tiempo completo contratado, lo que mejoraría la calidad de la docencia.
La docencia es a renglón seguido el objetivo más valorado por todas, con un 9, junto a la promoción del bilingüísmo, la implantación de técnicas avanzadas de gestión y de contabilidad analítica, para hacer más eficaz la gestión universitaria y la publicación de un índice de resultados en investigación, ocupan el segundo escalón de prioridades. La adaptación de la oferta de estudios a la demanda laboral, la mejora de los idiomas y la informática, la capacidad de contratación de becarios y el incremento de las tasas de empleo de titulados el primer año (puntuadas con un 8), se sitúan en esta primera fase en un tercer escalón.
