El 20% de los menores que delinquen son 'condenados' a trabajos sociales

Rosa Berian, responsable del área de menores en conflicto del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), considera que para un chaval que, por ejemplo, ha cometido destrozos en un vagón de tren 'es más educativo ayudar a limpiarlos, porque ve el esfuerzo que supone, que pagar una multa'. 'Tanto fiscales, como menores y víctimas dan una buena valoración a este tipo de iniciativas', explica.

En la mayor parte de los casos las medidas en beneficio de la comunidad se aplican como alternativa al proceso judicial a iniciativa de la Fiscalía de Menores y del IMMF. 'Los juicios machacan a la víctima, y al infractor le estigmatizan y le fijan conductas asociadas a la delincuencia. Además, si no judicializamos los casos leves evitamos la saturación de los juzgados de menores y permitimos que puedan ocuparse, sin demoras, de los delitos de gravedad', añade. Otras veces es el propio juez quien, después de todo el proceso, decide fijar este tipo de sanciones de carácter más educativo.

El primer requisito para la aplicación de estas medidas es que el chaval asuma la autoría de los hechos que se le imputan y también que esté de acuerdo en realizar las actividades que se le proponen.

En la región existen 86 puntos donde pueden desarrollarse estas medidas. Entre ellos hay residencias y comedores sociales de mayores y de discapacitados, escuelas infantiles y jardines. Por ejemplo, la última residencia de menores tutelados abierta por el Gobierno regional en Leganés fue ajardinada por un grupo de chicos que habían cometido pequeños delitos. Otras iniciativas consisten en limpiar escuelas infantiles, ayudar en comedores de discapacitados, sacar al jardín a ancianos impedidos, limpiar lagunas o cañadas, etcétera.

'Las actividades relacionadas con la atención a personas, por ejemplo a ancianos o minusválidos, son las más educativas porque enseñan a controlarse a estos chicos que a menudo no dominan sus impulsos ni saben callarse a tiempo', argumenta Berian. Las medidas se desarrollan siempre en fines de semana, en presencia de un educador y se cuida que la tarea desempeñada por los chavales no supla ningún puesto de trabajo. De su ejecución se encargan tres empresas de servicios sociales contratadas por el IMMF: Trama, Diagrama y Crisol.

Berian explica que estas medidas se aplican desde 1993 en Madrid 'por una apuesta firme del IMMF y de la Fiscalía de Menores a partir de un cambio legislativo de 1992 que las hizo posibles. Nuestra obligación como Administración autónoma era sólo regentar los centros de reforma, pero creímos en estas medidas porque vimos que eran muy educativas'. Hasta 1992 la normativa sobre menores infractores, procedente de 1948, sólo contemplaba como sanción el internamiento en centros cerrados.

'Desde el 92 hasta ahora las únicas comunidades que hemos apostado de forma continuada por estas medidas hemos sido Madrid y Cataluña, aunque el caso de esta última es distinto porque tiene transferidas las competencias de justicia', concluye la responsable del área de menores en conflicto.

La nueva ley aconseja que la actividad a realizar por el menor tenga relación con el delito que ha cometido. El objetivo es que el joven comprenda que actuó de un modo incorrecto merecedor del reproche social y que los trabajos que se le exigen constituyan una forma de reparación, bien directa, a la persona a la que dañó, o indirecta, mediante tareas de apoyo a grupos desfavorecidos (ancianos, disminuidos).

La utilización de este tipo de medidas crece año tras año. En 1999 se aplicaron en 548 (un 14%) de los 3.885 delitos que llegaron a la fiscalía. En 377 ocasiones se emplearon como alternativa a los tribunales y en otros 177, como medida judicial.

Estas actividades sociales en beneficio de la comunidad son algunas de las sanciones que se pueden aplicar a los menores infractores. El internamiento en reformatorios está previsto sólo para los casos de violencia grave (lo habitual son los robos con intimidación) y el resto de las medidas tienen un carácter más educativo y menos punitivo.

Entre estas medidas está la amonestación; la mediación entre víctima e infractor; la asistencia a un centro de día (considerada también de reparación de daño, aunque sin conllevar una actividad); la libertad vigilada; el tratamiento ambulatorio para chicos con drogodependencias o problemas psíquicos; la privación del permiso de conducir o la realización de tareas socio-educativas.

Esta última medida es la que ha aplicado el juez de menores granadino Emilio Calatayud al condenar a aprender a leer y escribir a un chaval de 15 años autor de un intento de robo en un almacén.