El fiscal pide 10 años para un policía por violar a una inmigrante

Los hechos se produjeron en la noche del 21 de junio de 1998. El agente estaba esa noche solo y custodiaba a dos inmigrantes en los calabozos. Una de ellas, la víctima, cuyas iniciales son M. R. V., tenía entonces 38 años. Hacia las dos de la madrugada, Enrique L. Á. abrió la celda número 15, en la que se hallaba la inmigrante, 'y le ofreció un cigarrillo', según el fiscal, al tiempo que se sentaba sobre la cama e intentaba besarla. Ella torció la cara y le pidió que la dejase ir al cuarto de baño.

Tras hacer sus necesidades, y mientras la mujer se lavaba las manos, el agente 'se acercó a ella por detrás y, agarrándola por la cintura, comenzó a manosearla' y a empujarla hacia una cama que había cerca del servicio. El policía, que tenía los pantalones bajados, le decía a la mujer: 'Sólo quiero clavarla' y 'no te preocupes, que me he sometido a una vasectomía'. La mujer no pudo evitar que Enrique L. Á. le bajase a continuación los pantalones y las bragas y que rozase 'con su pene la zona púbica' de su víctima, a la que sujetaba 'la cara para besarla' mientras la retenía contra una pared. En un descuido, agrega el fiscal, la inmigrante se zafó y 'corrió rápidamente hacia su celda'. Antes de cerrar la puerta del calabozo y apagar la luz, el agente le espetó: 'Volveré en el transcurso de la noche'. No volvió, aclara el fiscal. Allí permaneció encerrada la mujer hasta que a la mañana siguiente otro policía se encargó de ella. Una vez devuelta a la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, la inmigrante denunció lo sucedido a una agente, quien inmediatamente informó a su superior. Ése fue el inicio del proceso.

El fiscal califica los hechos como delito de agresión sexual y pide para el acusado 10 años de cárcel e inhabilitación absoluta para ejercer una función pública durante el tiempo de la condena. Solicita asimismo que el Estado, como responsable civil subsidiario, pague a la inmigrante una indemnización de dos millones de pesetas por el sufrimiento ocasionado por alguien encargado de su custodia.

El policía, al ser interrogado por la juez instructora del caso, negó las imputaciones. El hombre señaló que cuando la 'gitana', en alusión a la víctima, entró en el servicio, él se retiró lo máximo posible y que en ningún momento exhibió su pene, sino que simplemente se tocó un 'huevo' porque le picaba. 'La gitana venía por tráfico de drogas y aprovechó la ocasión para perjudicarme', añadió.

'Torturas'

Guillermo Pérez-Reyes Garreta, abogado de la víctima, solicita un total de 15 años para el agente: 12 por la agresión sexual y tres por otro delito de torturas ('por el carácter degradante y vejatorio' de la acción del policía), así como una indemnización de 30 millones de pesetas. Este caso ha sido instruido en el Juzgado 38 de Madrid. Durante las pesquisas se ofreció al agente la posibilidad de someterse a la prueba del ADN para cotejar si el semen hallado en la ropa interior de la chica era suyo. Pero se negó. El abogado Pérez-Reyes considera llamativo que el juez instructor no pueda ordenar el cotejo del ADN con saliva o pelos del acusado y que, en cambio, se 'castigue como desobediencia la negativa de un conductor a soplar por el etilómetro'.

El abogado lamenta 'la grave dejación de funciones' por parte del Estado 'en el control que debe ejercer sobre los centros de detención, en particular en horas de nocturnidad'. También reclama que se 'legisle adecuadamente' sobre 'el régimen interior de las comisarías y centros de detención' para evitar que se den actuaciones de este tipo. Para ello es necesario 'cambiar el anacrónico sistema de justicia penal español, plagado de incoherencias', explica.