Una sentencia deniega el 'abono transportes' gratis a los profesores

Los 42.000 profesores no universitarios de la región no tienen derecho al abono transportes gratuito, a diferencia del resto de funcionarios de la Comunidad de Madrid. Así lo establece una sentencia del juzgado número 14 de lo contencioso administrativo del pasado 21 de marzo, que fija que 'las condiciones retributivas y de trabajo serán las mismas que dicho personal venía ostentando hasta el momento de la trasferencia [1999], y ello hasta una nueva negociación'. El recurso había sido presentado por el sindicato CSIT, quien anunció ayer que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 'Seguimos considerando que se da un trato discriminatorio a los funcionarios docentes no universitarios', afirmó en un comunicado.

'El abono transportes no es una prestación social reconocida a los recurrentes antes de la tranferencia a la Comunidad de Madrid', reza la sentencia que establece que, mientras no se negocie lo contrario, las condiciones de trabajo que fijó el Ministerio de Educación para los docentes siguen vigentes. Deja así en manos del acuerdo marco para el profesorado - que vienen negociando si éxito la Administración y los sindicatos desde hace más de un año- la posibilidad de establecer que los docentes no universitarios tengan abono transportes gratis. Algo que es cada vez menos probable. El propio Miguel Ángel López, director general de la Función Pública, descartó el pasado enero esta prestación social, que vendría a restar unos 1.800 millones de pesetas a las arcas regionales.

López aseguró entonces que no quería repetir con los docentes -un personal transferido a la comunidad en 1999- una fórmula que aplica con el resto de los funcionarios. La razón: el gobierno paga al Consorcio Regional de Transportes el 100% de los abonos cuando, según la administración, luego sólo son utilizados por el 60% del personal. López añadió que los 2.500 millones de pesetas previstos para beneficios sociales de este colectivo se destinarían a asuntos como el incentivo de las jubilaciones anticipadas o a ayudas para la ampliación de estudios.