Las defensas de los imputados por falsificar votos en la Cámara de Málaga piden la nulidad del juicio

El juicio por las falsificaciones detectadas hace tres años en el voto por correo de la Cámara de Comercio de Málaga amenaza con eternizarse. Ayer, la vista se reanudó tras un parón de un año y minutos después volvió a suspenderse porque las defensas de los imputados pidieron la nulidad de las actuaciones. Los letrados se ampararon en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que estipula que entre dos sesiones de un juicio no pueden transcurrir más de 30 días. En este caso pasó un año. La juez decidió suspender la vista para resolver la cuestión planteada por los letrados.

La juez tiene que resolver si estima la pretensión de los abogados de los imputados, declara nulas todas las actuaciones y vuelve a empezar de cero; o si acata el auto de la Audiencia que le ordena continuar el juicio. En otras palabras, si cumple la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la resolución de la Audiencia. Precisamente, basándose en este auto, sólo una de las cinco defensas reclamó ayer que continuara la vista.

En la causa están imputados Francisco Repiso, ex vicepresidente de la Cámara de Comercio; Javier Taillefer, actual vocal de la institución; Rafael Jiménez y Félix Sicsu, ex vocales; y el notario Alfonso Casasola. Para los cuatro primeros el fiscal pide dos años y tres meses de prisión y multa de diez meses con una cuota diaria de 3.000 pesetas por un supuesto delito continuado de falsificación en documento oficial. Para el notario, solicita cinco años de cárcel, otros tanto de inhabilitación y 20 meses de multa a razón de 4.000 pesetas diarias por entender que su participación fue culposa y no solo imprudente.

Las falsificaciones se detectaron en unas 2.000 solicitudes de voto por correo. Según el informe policial, cientos de estas peticiones estaban firmadas con idéntica letra, el mismo bolígrafo y remitían solamente a tres apartados postales. Las irregularidades fueron descubiertas antes de que los sufragios se computaran, de modo que la Cámara anuló las solicitudes y evitó un fraude electoral. Por eso, el fiscal pide penas por un delito de falsificación, no electoral.

Laberinto legal

La razón del laberinto judicial en el que ha entrado el caso es precisamente el cambio de la calificación del ministerio público con respecto al notario. Cuando comenzó el juicio en febrero de 2000, el fiscal pidió para los dos fedatarios inculpados -uno ya ha fallecido- la suspensión de empleo durante nueve meses y una multa de 10 meses a razón de 4.000 pesetas diarias por entender que habían incurrido en una falsedad imprudente. Cuando se habían celebrado varias sesiones de la vista, el ministerio público elevó la petición a cinco años de inhabilitación, otros tantos de cárcel y dobló la multa a 20 meses con el argumento de que su participación fue dolosa.

Ante este cambio, por las penas solicitadas, la juez de lo penal número 3, Carmen Mira,se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Audiencia. Pero este tribunal resolvió que la vista continuara en el ámbito del juzgado. Ese proceso duró un año, ya que la última sesión del juicio se celebró en abril de 2000. Ayer se reanudó, pero las defensas se encargaron de recordar a la magistrada que se ha superado con creces el plazo máximo que permite la ley entre una y otra sesión. Ahora, la juez debe decidir si continúa tomando declaración a los testigos o si repite el juicio desde el principio.

Según el relato que el fiscal hizo cuando hace 14 meses se inició la vista, Repiso, Taillefer, Sicsu y Jiménez - entonces todos formaban parte de la cámara- 'con el fin de obtener un mayor número de votos' se hicieron con fotocopias de documentos de identidad de electores y de apoderamientos de sociedades electoras y tras obtener impresos de solicitudes de voto por correo 'sin su consentimiento ni conocimiento, imitaron sus firmas'. Entonces, los imputados se proclamaron inocentes, afirmaron que no manipularon documento alguno e insinuaron que aprovechando la falta de control una 'mano negra' introdujo en su nombre documentos apócrifos para perjudicarles. Sus defensas argumentaron además que la cámara entregó información sesgada a la policía, lo que vició la investigación. Sin embargo, el testimonio de los agentes no sólo puso en duda la limpieza del proceso electoral de 1998, sino también los comicios anteriores.