2.703 inmigrantes consiguieron un permiso de trabajo el año pasado

Un total de 4.230 inmigrantes solicitaron su primer permiso de trabajo o la renovación de esta autorización el año pasado en el País Vasco y 2.703 lo consiguieron. Por provincias, 1.507 inmigrantes obtuvieron el permiso laboral en Vizcaya, mientras en Álava y Guipúzcoa lo lograron 784 y 412 extranjeros, respectivamente. La Administración central resolvió positivamente el 64% de las solicitudes de trabajo de los extranjeros extracomunitarios, siguiendo 'criterios absolutamente aleatorios', según SOS Racismo, que tramita gran cantidad de estas peticiones.

El mayor número de solicitudes (2.247) se presentaron en la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, mientras que en Guipúzcoa y Álava pidieron el primer permiso de trabajo o la renovación 1.070 y 913 inmigrantes, respectivamente. La mayoría de los extranjeros de países extracomunitarios solicitaban por primera vez autorización para trabajar. En Guipúzcoa, de las 1.070 peticiones, tan sólo 135 buscaban la renovación. En este territorio, además, el pasado 9 de febrero, ya se habían presentado 164 solicitudes en el mismo sentido, según datos de SOS Racismo.

Esta asociación tramita gran rcantidad de solicitudes de extranjeros que cuentan con una oferta de empleo por parte de un empresario y a los que sólo les falta el permiso gubernamental para ponerse a trabajar. El proceso exige armarse de paciencia porque, aunque la ley fija un plazo de tres meses para que la Administración resuelva estas peticiones, suele tardar entre ocho y diez meses.La batería de trámites burocráticos que hay que afrontar para solicitar un permiso de trabajo para un inmigrante provoca que los empresarios recurran a asociaciones como SOS Racismo y el servicio de atención a inmigrantes CITE de CC OO en busca de asesoramiento. Los armadores de Ondarroa, comerciantes, empleadores de hogar y empresas del ámbito agrario son algunos de los que les han solicitado asesoramiento y ayuda para contratar a extranjeros no comunitarios. Tanto desde CITE como en SOS Racismo aseguran que no deniegan la ayuda a los empleadores, pero que 'nuestro objetivo son los trabajadores'.

Estas asociaciones conocen de primera mano las dificultades del proceso administrativo, en el que se adentraron un total de 4.230 inmigrantes buscando el primer permiso de trabajo o la renovación del mismo el año pasado. 'El récord de espera lo tiene un inmigrante que, tras tres años residiendo aquí, solicitó el 5 de mayo del 2000 un permiso de residencia permanente y se lo dieron el pasado 23 de febrero', cuenta Koro Erdozia, de SOS Racismo de Guipúzcoa. Recuerda también un caso similar en la que la resolución se demoró tanto que para cuando el inmigrante recibió el permiso de trabajo, éste caducaba al cabo de meses.

Quejas por retrasos

Erdozia presentó el año pasado una queja al Defensor del Pueblo denunciando 55 casos de retrasos muy superiores al plazo fijado en la ley. 'Curiosamente, nos justificó el retraso diciendo que el año pasado estaba en marcha el proceso de regularización y que tenían 463 solicitudes, pero resulta que lo habitual es que tengan 1.200 peticiones anuales', aduce.

El via crucis burocrático que exige contratar a un inmigrante hace que algunos empresarios desistan en su empeño. Es el caso de la patronal vizcaína de la construcción, Ascovi, quien quiso contratar a mano de obra rumana. 'Nos dijeron que los trámites se iban a prolongar ocho meses y nos echamos atrás', asegura Juan Luis Federío, secretario de Ascovi.

SOS Racismo de Vizcaya conoce de cerca el mismo problema; cuenta con cerca de 500 inmigrantes con ofertas de empleo y sin permiso de trabajo. A los empleadores se les exige, como primeros documentos, justificación de que están al día en los pagos a la Seguridad Social y desnudar sus cuentas ante la Administración, 'donde un funcionario decide si [el empresario] tiene suficiente capacidad económica para contratar al inmigrante o no, cosa que no se aplica en el caso de los trabajadores locales', critica Diego Jauregui, portavoz de SOS Racismo en Vizcaya.

En esta asociación dicen desconocer los criterios que sigue la Administración para conceder los permisos de trabajo y otras peticiones de los inmigrantes. 'Es totalmente aleatorio que a uno le den un permiso de trabajo o se lo denieguen. Ni siquiera nosotros, que estamos en este tema todo el día, sabemos decir por qué de dos inmigrantes, con los mismos papeles, terminan uno con permiso de trabajo y el otro no', asegura Jauregui. Añade que esta falta de criterios uniformes de la Administración 'afecta a todos los trámites de los inmigrantes, ya soliciten un visado para que un familiar les visite o un permiso de residencia'.

Perfiles equivocados

A SOS Racismo llaman también muchas empleadoras de hogar que quieren regularizar la situación de la trabajadora. En opinión de Jauregui, este hecho es una prueba más de que 'los perfiles que tenemos de los inmigrantes están equivocados'. 'Exceptuando el Magreb, por pura cercanía, el inmigrante no es el más pobre de su país; es gente de entre 25 y 35 años, procedente de grandes urbes, que en algunos casos habla idiomas y que ve en la televisión un mundo mejor. Cuando aquí hemos tenido hambre y guerras, no se ha ido todo el mundo al extranjero. Emigrar no es fácil', subraya Jauregui.

'Ignoramos que Angola lleva 25 años en guerra, la crisis económica que vive Argentina o la violencia que hay en Colombia', señalan en esta asociación, donde atienden a un director de hotel colombiano que vivía muy desahogadamente y que ha cambiado el dinero y la inseguridad ciudadana en su país por una vida aquí que supone hacinarse en un piso y que sus hijas trabajen de empleadas de hogar. O también, a un ingeniero agrónomo que dirigía una explotación agraria en Zaire, de donde salió porque le iban a matar. Aquí, sus estudios en su país natal, Río de Janeiro y Bélgica le sirven sólo para recoger fruta.

Éstos son algunos perfiles de los 16.484 inmigrantes extracomunitarios que viven en Euskadi, de los que 4.710 son sin papeles. En el País Vasco residen un total de 19.624 extranjeros, de los que el alrededor del 40% proceden de países comunitarios.