Los paramilitares colombianos exigen a los campesinos que impidan la paz con el ELN
Entre una sucesión de hechos de guerra, que se han vuelto cotidianos en Colombia, el Gobierno trata de sacar adelante los procesos de paz con los grupos insurgentes. El Ejecutivo afirmó ayer que no permitirá amenazas de paramilitares contra pobladores de la zona neutral que será creada para iniciar un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el norte del país, advirtió el ministro del Interior, Armando Estrada Villa. El Estado colombiano, dijo, "no puede detenerse" en sus decisiones ante amenazas como las de Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la principal organización paramilitar del país. Carlos Castaño exigió a una organización campesina del departamento de Bolívar que obstaculice la creación de la zona neutral para los diálogos de paz con el ELN.
Ayer, mientras se hacían los balances de lo ocurrido este fin de semana en enfrentamientos entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sur de la provincia de Córdoba y en Santander, en pleno centro del país, y los ataques guerrilleros en Natagaima y Almaguer (pequeña población en en Cauca, en el sur del país), hechos que dejaron según datos extraoficiales más de 40 víctimas, los miembros del Frente Común por la Paz analizaban en el Palacio de Gobierno el reinicio de los acercamientos con el ELN y las críticas que han surgido desde muchos frentes al intercambio humanitario que, según creen algunos, jalonaría el proceso de paz con las FARC.
Los cotidianos hechos de guerra y los pocos avances en los procesos desaniman a la opinión pública, que piensa que se agotó ya el esquema de negociar en medio de la guerra. "Estos procesos hay que comprenderlos dentro de la dimensión de la complejidad del conflicto colombiano. No se puede ver con una óptica diferente, ni compararlos con otros casos", dijo a EL PAÍS el ex fiscal de los funcionarios públicos Jaime Bernal Cuéllar, miembro de la comisión facilitadora del proceso con el ELN.
El domingo por la noche se reanudaron los acercamientos con este grupo insurgente, el segundo en importancia en el país. Desde el 9 de marzo, los elenos los habían congelado por los operativos militares en el Magdalena Medio, zona en la que se pretende crear una "zona de encuentro", para adelantar los diálogos de paz.
La semana pasada se ordenó el repliegue de tropas y el fin de la llamada operación Bolívar. Muchos criticaron la medida y se preguntan por qué el Gobierno no exige a los elenos poner fin al secuestro y los ataques a la infraestructura del país. "Se malentiende que primero hay que acabar el conflicto y después negociar. Lo que se busca es tratar de hacer una Convención Nacional, donde el primer tema será el Derecho Internacional Humanitario", aclara Bernal Cuéllar.
El intercambio humanitario, que dejaría en libertad a guerrilleros presos y militares secuestrados y enfermos, es mucho más complejo, opinaron varios de los miembros del Frente Común por la Paz, el ámbito más político dentro de los que acompañan los procesos de reconciliación.
Horacio Serpa, el liberal que aspira a remplazar en las elecciones de dentro de un año al presidente Andrés Pastrana, exigió a las FARC la inmediata liberación del coronel de la policía Alvaro Acosta, gravemente enfermo, que hace parte del grupo de más de 500 uniformados secuestrados por la organización guerrillera. "Es un hecho inhumano que genera incredulidad frente al proceso de paz", afirmó.
El acuerdo para hacer efectivo este intercambio humanitario, anunciado desde hace meses, está enredado por los peros de las Fuerzas Militares y las posibles implicaciones en el plano jurídico.
