La Síndic emplaza a Miró a aclarar el alcance jurídico del dictamen contrario a su continuidad

Una resolución aprobada en noviembre de 1999, con la que el PP blindó al entonces Síndic de Greuges, Luis Fernando Saura, cuya comparecencia en las Cortes reclamaba la oposición para que explicara el uso de su cargo para un asunto personal, se ha vuelto ahora en contra del grupo que sustenta al Consell. Emilia Caballero, Síndic en funciones desde el fallecimiento de Saura, en octubre pasado, apela ahora a aquella resolución para poner en duda la legalidad del procedimiento seguido para la emisión del dictamen desfavorable a su continuidad al frente del organismo aprobado en solitario por el PP la semana pasada.

Un dictamen con el que los populares daban una nueva vuelta de tuerca en su proceso de acoso a la Síndic, que ha causado estupor en medios jurídicos y ha sido criticado por los defensores del pueblo de otras comunidades.

Caballero recibió el jueves un escrito de las Cortes con el contenido del polémico dictamen y ayer mismo envió su contestación a la Cámara. La Síndic recuerda que la ley de creación de la institución establece que mientras no sea elegido un nuevo titular, 'desempeñarán el cargo, interinamente y con plenitud de funciones, los adjuntos, por su orden' y que durante ese tiempo quien asuma la titularidad gozará 'de las mismas prerrogativas y competencias atribuidas al Síndic'.

Tras añadir que, de acuerdo con la ley, 'el cese [del Síndic] se decidirá por mayoría de tres quintas partes' de la Cámara y 'previa audiencia del interesado', Caballero menciona la citada resolución con la que las Cortes regularon el procedimiento y que, entre otras cuestiones, señala que el Síndic 'tiene derecho de asistir y ser oído' antes del debate sobre su destitución en la comisión de Peticiones, donde el correspondiente dictamen deberá ser aprobado por mayoría absoluta para su remisión al pleno de las Cortes, donde requerirá una mayoría de tres quintas partes de los diputados para salir adelante.

'Pues bien', señala a continuación Caballero en el escrito que ayer dirigió a la presidenta de las Cortes, 'de la comunicación recibida se desprende que no se ha seguido, en este caso, el procedimiento establecido por esa presidencia, a la vez que la comisión de Peticiones carece de otras competencias sobre esta cuestión que no sea la de, mediante el procedimiento preceptivo, elevar un dictamen al pleno de las Cortes'. Por todo ello, Caballero, ruega a la presidenta que 'se digne' a remitirle 'aclaración respecto del alcance jurídico y eficacia de la repetida comunicación'.

El Grupo Socialista pedirá la próxima señana que la Mesa encargue a los letrados de la Cámara un informe sobre el asunto.

Sigue la tensión

Mientras tanto, la tensión entre populares y socialistas en la crisis institucional abierta por la renovación del Síndic de Greuges no disminuye, a pesar de que el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Eduardo Zaplana, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, intentaron reducirla el miércoles e instaron a sus respectivos portavoces a sentarse a negociar una salida. Pero el portavoz popular, Alejandro Font de Mora, y el del PSPV, Joaquim Puig, aún no han hablado. El primero estaba ayer en las fiestas de la Magdalena de Castellón y el socialista viajó a San Sebastián para asistir a la convención organizada por el PSOE para respaldar a sus militantes y simpatizantes del País Vasco.

Zaplana aprovechó para meter cizaña y, tras asegurar que no le 'cabría en la cabeza' que los portavoces no respetaran 'una indicación' suya y de Pla, criticó a Puig, de quien dijo que es más difícil hablar con él que con el secretario general del PSOE. 'Desde luego, el señor Font de Mora, si yo le digo que hable con Puig, no se va a San Sebastián', aseguró Zaplana. Por su parte, Pla se desmarcó del acuerdo con el presidente al señalar que no se puede negociar si el PP sigue 'presentando iniciativas que generan más tensión y conflicto'.