PSOE y PP se enzarzan por una recalificación de terreno que benefició a un alto cargo popular

Nadie podía prever que el punto tres del orden del día del pleno de ayer desembocara en una gresca. El diputado Nolla había pedido la comparecencia del consejero de Obras Públicas para que explicara la postura del Gobierno regional en relación con la modificación de determinadas normas urbanísticas en La Cabrera. El caso -destapado por Localia TV- tiene su origen en la compra por parte de Alejandro Sanz, en 1996, de unos terrenos en La Cabrera. El solar estaba calificado como urbano. Y, presuntamente, se cambió su calificación por la de urbanizable (más barato), según las denuncias de los socialistas, para rebajar su precio.

Nolla acusó a Sanz de haber aprobado el cambio de calificación en su beneficio cuando fue alcalde de la localidad. Fue ahí donde el consejero Cortés, en tono agrio, elevando la voz, exigió que el diputado rectificara, le acusó de mentir, destacó la gravedad de sus acusaciones y salió en defensa del actual director general de Administración Local. 'Es muy grave lo que usted ha hecho', le dijo, visiblemente alterado. 'Muy grave. El señor Sanz dejó de ser alcalde un año antes de que se aprobara esa operación, No se puede mentir en esta Cámara'.

Nolla pidió la palabra por alusiones y rechazó las acusaciones de 'mentiroso'. Y explicó que, efectivamente, Sanz ya no era alcalde cuando se aprobaron las actuaciones urbanísticas, pero sí lo era cuando se habían iniciado. La gresca siguió, después, en los pasillos. El diputado socialista exigió la dimisión o el cese del alto cargo. Y destacó que la operación, éticamente, era 'reprobable'.

Cortés insistió en la corrección con que se había hecho la operación urbanística y subrayó que, en cualquier caso, el director general tenía pendiente una comparecencia en la que estaba seguro de que aclararía todos los extremos que habían llevado el caso a la Asamblea.

El debate en este punto hizo pasar, casi sin pena ni gloria y sin diputados presentes, la moción presentada por el socialista Antonio Fernández Gordillo. El parlamentario de PSOE-Progresistas presentó ante la Asamblea su crítica a la política de vivienda del Gobierno de Ruiz-Gallardón. Y para demostrarlo, nada mejor que utilizar documentos del propio Ejecutivo.

Fernández Gordillo recordó a los diputados populares que se le había tachado en otras ocasiones de alarmista, de no fundamentar sus críticas. Echó mano del acuerdo del consejo de Gobierno del 8 de marzo y sumó las medidas de apoyo a la vivienda aprobadas en aquellas fechas. En total, para el año 2001, el total de viviendas con algún tipo de apoyo público será de 1.437. Cifra muy similar a la que había avanzado el Colegio de Arquitectos: 1.208. 'Sólo un 3% de las viviendas libres construidas: 45.115', recordó el diputado.