El lento desastre de San Salvador

Los terremotos ocurridos los meses de enero y febrero derribaron pueblos enteros en varias provincias salvadoreñas, pero la capital quedó intacta en comparación a tales desastres. Sin embargo, San Salvador sufre "de una especie de desastre que se transporta lentamente", según asegura su alcalde, Héctor Silva, quien junto a su consejo de gobierno estudia todas las posibilidades de atender las urgencias y reorientar proyectos de desarrollo estratégico de la ciudad

Héctor Silva, un médico apoyado por la coalición cívico política liderada por un ex rebelde del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacinal (FMLN), llegó al poder en 1997 con la promesa de que transformaría San Salvador, lo haría saludable, un lugar para vivir y hasta rentable.

Se trataba de resolver el problema de unas 1.400 toneladas diarias de basura que se producen en la capital y sus contornos, para lo cual se inició, desde hace dos años, la construcción del relleno sanitario más moderno de Centroamérica. Además, está en camino el ordenamiento y recuperación del centro de la ciudad, donde pululan cerca de unos 10.000 vendedores ambulantes en medio de un desorden de tráfico indescriptible. Sus proyectos estaban teniendo éxito. Silva fue reelegido para un segundo período en el año 2000, pero quizás su "sueño" se vea truncado a consecuencia de los dos terremotos.

Comunidades de alto riesgo

Carolina Recinos, Gerente de Distritos de la Alcaldía de San Salvador, asegura que la capital afronta una situación muy delicada, porque de las 237 comunidades marginales con que cuenta, casi la mitad en la actualidad están en situación de riesgo, de peligro para sus habitantes. "Teníamos, antes del terremoto, 69 comunidades en alto riego, por encontrarse en quebradas o al pie de pendientes que se pueden desprender. Ahora, después de los terremotos, las comunidades en riesgo crecieron hasta 110. Hay terrenos y aludes agrietados y posibilidad de inundaciones por obstrucción de los desagues, entre otros problemas", reconoce Recinos, quien agregó que además, existen unas 1.500 familias que residen en edificios que ahora son inhabitables.

En la municipalidad, se registran más de 7.000 viviendas totalmente destruidas y 5.250 más dañadas, cuyos habitantes se encuentran en calidad de damnificados de los seísmos. "A todo ello, hay que agregar que calculamos que unas 250.000 personas que quedaron sin casa y sin trabajo en sus comunidades rurales y subrurales en el interior del país podrían emigrar a San Salvador en busca de auxilio", señaló Recinos, recordando que lo mismo sucedió hace unos 15 años después del terremoto de 1986. Tomasa Chávez, de unos 60 años de edad, es una residente de la comunidad Nuevo Israel, donde habitan unas 2.000 familias pobres, al occidente de San Salvador y a un costado del lujoso barrio San Francisco.

La comunidad está ubicada en una quebrada que tiene una de sus laderas construida con casas de adobe y laminas, y con otras de ladrillos. El río es un desague de aguas negras. "Yo vivo allí desde 1975, junto con mis cuatro hermanas. Mi padre compró el terrenito y construyó la casita en que vivimos. Pero con los terremotos pasados el paredón al pie de nuestra casa amenazó con soterrarnos... Ahora, el invierno nos amenaza con inundarnos...", explica la mujer rodeada de niños a los que cuida mientras sus padres van a trabajar. "Ahora estamos viviendo en estas champas de cartón y plástico. No pedimos comida y otra cosa que no sea un techo seguro. No queremos más los peligros de vivir como en una trampa, por arriba un paredón y por abajo el río que se puede desbordar...", reclama la señora, y le ruega a Dios que sus nietos puedan en un futuro vivir seguros.

Después del terremoto de 1986, se produjo un cambio sustancial en las viviendas pobres de San Salvador. E 18% de sus habitantes residía en mesones o cuarterías, pero poco a poco éstos se transformaron en tugurios, en comunidades míseras que rodean San Salvador y que en la actualidad significan el 35% del total de la población de la capital, estimada en unos 500.000 habitantes.

"San Salvador ha estado sujeto en los últimos 20 años a una presión migratoria por la ruina del campo y por el abandono de los municipios del interior y el norte del país. Se ha creado en la capital una especie de macrocefalia social y económica por la inmensa cantidad de servicios e infraestructura económica", explicó Gerson Martínez, un miembro del Consejo Municipal de San Salvador.

Gerson Martínez dice que ahora el municipio no es suficiente para atender a tanta gente y poderles proporcionar agua, luz eléctrica, vivienda, transporte, espacios y empleos. Por esta razón, ha proliferado la marginalidad, de donde se nutre, por supuesto, la delincuencia, la violencia, la prostitución y la drogadicción.

"En los anteriores terremotos de 1965 y 1986, los Gobiernos que se sucedieron fueron miopes políticamente e insensibles con la sociedad, como lo está haciendo el actual. No atendieron correctamente la emergencia y perpetuaron la provisionalidad, y con ello crecieron los tugurios. A gente que antes no tenía techo seguro, se han sumado los que perdieron sus viviendas en enero y febrero pasado", explica Martínez. "En cualquier parte del mundo, cuando hay que sacar a la capital del país adelante, el Gobierno nacional se responsabiliza, pero aquí ha sucedido todo lo contrario. San Salvador no ha recibido ni medio centavo para la reconstrucción de parte del Gobierno central, aunque tenemos 28.000 damnificados. Y ello se debe a la miopía política del actual Ejecutivo, sólo por el hecho de que quienes gobernamos la capital no pertenecemos al partido del gobierno nacional", acotó Martínez.

El monto que se necesita para la urgencia de atender a los damnificados y las comunidades marginales en riesgo ante posibles desastres a causa de las lluvias es de unos 10 millones de dólares, según el alcalde Silva, quien aclaró que para ello recurrirán a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este oprganismo había ofrecido el dinero para el desarrollo de comunidades pobres, pero ahora será reorientado para la reconstrucción tras los seísmos. Los terremotos de enero y febrero ocasionaron 1.149 muertos, 8.056 heridos y 1,5 millones de habitantes damnificados; más de 300.000 viviendas quedaron destruidas o dañadas.