Vivienda social y política migratoria

Miguel Ángel Rodríguez, presidente de Costa Rica, la nación centroamericana más desarrollada económicamente, regresó de Madrid con varias promesas de su homólogo español, José María Aznar. En una reunión bilateral, Aznar se comprometió a estudiar la financiación de diversos programas de vivienda social, ayuda a la población migrante y el cableado subterráneo de energía eléctrica de San José, obra que ha sido adjudicada a una empresa española. Estos proyectos se concretarán en las reuniones que mantendrán ambos mandatarios el próximo julio en la capital española. También aprovecharán estos encuentros para definir el plan de trabajo de la cumbre de países europeos y latinoamericanos que se celebrará a principios de 2002. Costa Rica será entonces el representante de las naciones del nuevo mundo (presidirá el Grupo de Río) mientras que será el turno de España al frente de la Unión Europea. Rodríguez afirmó que en dicha cumbre espera contar con el apoyo español para la modificación de la actual política europea de restricciones a la importación de productos agrícolas centroamericanos, en especial del banano.

Más vuelos con España

El ministro costarricense de Turismo, Walter Niehaus, tampoco volvió con las manos vacías después de reunirse con el secretario de Estado español de Comercio y Turismo, Juan Costa, y diversos representantes de empresas aéreas. Se prevé que en breve se aumente el numero de vuelos semanales entre ambas naciones y se promueva el veraneo de españoles en el país centroamericano. Así mismo, según afirmó Niehaus, España se mostró muy interesada en financiar los estudios previos y los planos de un futuro centro ferial y de convenciones en la capital.

Aznar, abordando el tema de la inmigración, alabó la "política de brazos abiertos" costarricense y prometió el análisis de la solicitud tica de ayuda financiera para este tema. "Para fortalecer esa política migratoria, requerimos la colaboración internacional", advirtió Rodríguez.

En lo que va de año, Costa Rica ha expulsado de su territorio a 10.599 nicaragüenses ilegales como parte de un operativo migratorio iniciado a finales de 2000, según informaciones del ministerio costarricense de Seguridad Pública. En enero, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional nicaragüense, Nelson Artola, denunció que miles de sus compatriotas residentes en el país vecino se encuentran detenidos ilegalmente. Artola, que visitó varios penales, afirmó que "la mayoría están ilegalmente detenidos, condenados por ser inmigrantes, por estar indocumentados, y aunque no hayan cometido delito, son los primeros en ser perseguidos y encarcelados". En Costa Rica residen entre 340.000 y 400.000 nicaragüenses, aproximadamente el 10% de la población costarricense.