Denuncia internacional por supuesto fraude en las licencias panameñas de marina mercante
El último escándalo internacional generado en Panamá se debe a una denuncia sobre la expedición fraudulenta de licencias panameñas para oficiales de marina mercante. Londres -sede de la Organización Marítima Internacional (OMI)-, Manila y Panamá han sido los puntos neurálgicos de esta nueva controversia. Panamá tiene la mayor flota mercante del mundo, con más de 6.000 buques de más de 500 tonaledas brutas (9.000 en total, tras una limpieza en la que se eliminaron unos 2.000 por estar en condiciones inaceptables o haber presentado problemas repetidas veces). Se trata de un registro de conveniencia que genera unos 50 millones de dólares al año.
Como consecuencia de la denuncia, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jerry Salazar, envió esta semana "de vacaciones" a 22 funcionarios por sus presuntos nexos con estas irregularidades. La liebre saltó cuando la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte -que fue en el pasado una acérrima crítica del registro panameño por lo que considera desatención de los problemas de los marinos a bordo de barcos panameños- alertó a las autoridades marítimas en Panamá y en Londres sobre las mencionadas irregularidades. La poderosa federación de trabajadores del transporte "desenmascaró" el tráfico de documentos panameños al conseguir comprar una licencia de primer oficial para su secretario general David Cockroft, quien no tiene entrenamiento marítimo, informó la revista especializada Trade Wind . Cockroft pagó unos 4.000 dólares por ella. "¿Quieren que alguien como yo, sin ninguna experiencia práctica de navegación, maneje un barco que contenga peligrosos productos químicos o radiactivos a lo largo de sus costas o atravesando las mismas rutas marítimas que los supertanqueros y transbordadores repletos de personas?", preguntó Cockroft a la revista. En el Reino Unido, dice Trade Wind , dura cinco años el entrenamiento de cadete antes de poder optar a "un certificado de primer oficial". Para obtener la licencia panameña, Cockroft sólo tuvo que facilitar su nombre, dirección y fotografía, según él mismo refirió a la publicación.
El Centro de Investigación Internacional Marina de la Universidad de Gales, dice la publicación, investiga la expedición de calificaciones fraudulentas. La investigación se remonta a 1982; sus hallazgos preliminares revelaron 12.653 casos de falsificaciones.
Jerry Salazar admitió que, además de la de Cockroft, podría existir un número mayor de licencias panameñas obtenidas de manera fraudulenta y advirtió que, de confirmarse estas sospechas, "los votaré a todos", en referencia a los funcionarios de la AMP que resulten responsables. Esta noticia llega después de las denuncias de supuestas anomalías en la concesión de licencias para marinos y oficiales en las dependencias consulares panameñas de Manila, Filipinas. Como consecuencia de ello, la AMP canceló el permiso de operación de inspectores marinos.
La publicación especializada Fair Play Daily Shipping News informó a principios de año de que dos compañías panameñas -Pana-ma Maritime Services Inc. y Panamanian Maritime Documentation Service Inc.-, "que no están autorizadas por ninguno de los dos Gobiernos, recaudaban un promedio de 39.250 dólares diarios" al procesar entre 200 y 300 solicitudes diarias de oficiales y marinos en Filipinas. Los marinos de aquel país asiático tienen mucha demanda en el sector por ser normalmente eficientes y más baratos que los europeos, por ejemplo. De acuerdo con el Registro Público panameño, Panamanian Maritime Services, Inc. está inscrita en Panamá desde mayo de 2000. Panama Maritime Service Inc., por su parte, según reportó el diario local La Prensa citando fuentes oficiosas, está inscrita en Hong Kong desde 1996.
