Gobierno y oposición endurecen la legislación penal argentina para frenar la ola de inseguridad
Derogada la ley del 'dos por uno', que computaba doble el tiempo de detención de reclusos sin sentencia
Con el cambio introducido, se mantiene el plazo de dos años, prorrogable a un tercero, para la prisión preventiva sin sentencia, pero dichos plazos no se computarán si ya se ha dictado una sentencia en primera instancia. Es decir, en este caso el preso no podrá reclamar la libertad.
Tras dos semanas de discusiones la Alianza gubernamental (radicales y Frepaso) y las principales fuerzas de la oposición (Partido Justicialista, PJ, y Acción por la República, del ex ministro Domingo Cavallo) acordaron la derogación de los artículos 7 y 8 de la ley 24.390, conocida popularmente como la del dos por uno . Ahora sólo queda la ratificación del Senado, donde no se esperan sospresas, ya que el Partido Justicialista, promotor de la derogación, tiene una cómoda mayoría en la Cámara Alta.
Elecciones próximas
Ante la proximidad de las elecciones parciales del próximo mes de octubre, los partidos políticos tratan de recuperar la credibilidad perdida ante cualquier envite. La ley, cuya derogación suscita tan amplio consenso, fue sancionada en 1994 por el primer Gobierno de Carlos Menem, cuando una serie de sangrientos motines en diversas cárceles conmocionaron Argentina. Paradojas de la política, desde que está en la oposición el partido de Menem ha encabezado la campaña por la derogación de la ley del dos por uno .
El diputado del Frepaso Ramón Torres Molina, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, indicó a EL PAÍS que con la medida aprobada ayer se sistematizan las penas que establece el Código Penal. "En la ley del dos por uno , la pena que se fijaba estaba relacionada con la duración del proceso, con lo que se distorsionaba el sistema de penas", estimó.Torres Molina alerta ante el triunfalismo que puedan esgrimir algunos dirigentes políticos por el endurecimiento de la legislación penal.
"Esto no soluciona ni tiene nada que ver con el problema de seguridad que vive el país. Hay que considerar la grave situación social, modificar sustancialmente el régimen carcelario y reestructurar los distintos cuerpos policiales para que puedan llevar con eficacia una función preventiva".
La ley del dos por uno recogía el espíritu del Pacto de San José de Costa Rica en materia de derechos humanos, que establece como violación de estos derechos la situación de aquellos reclusos que están en prisión sin sentencia, pero no se refiere a plazos concretos. Para el diputado Torres Molina, este principio recogido en dicha convención sigue vigente, por lo que, en su opinión, aquellos presos que lleven un tiempo razonable sin sentencia en los recintos penitenciarios "tienen que salir en libertad".
Control de los jueces
La otra novedad aprobada ayer introduce un mecanismo de control de los jueces, que tendrán que explicar por escrito al Consejo de la Magistratura porqué razones mantienen detenido a un ciudadano que está procesado durante más de dos años sin dictar sentencia. Este organismo deberá publicar una relación de los jueces y las causas abiertas que no llegan a su fin.
La medida sólo afecta a los jueces federales y ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, pero no a los provinciales.
Precisamente, el problema más grave es en la provincia de Buenos Aires, que está literalmente desbordada por las causas judiciales que tiene en trámite. Los datos hablan por sí solos. La Suprema Corte de Justicia bonaerense instruía 5.000 causas en el año 2000, y en 1999 dictó menos de 500 sentencias. Asimismo, la Cámara de Casación de la misma provincia está en funcionamiento desde hace dos años y tiene más de 5000 causas para resolver.
Un informe de la referida Suprema Corte señala textualmente: "La acumulación de expedientes en este tribunal, la diferencia entre los que entran y los que salen seguirá produciéndose hasta llegar niveles inusitados".
Una ley que ha fracasado
Cuando se aprobó la ley del dos por uno , en noviembre de 1994, había en la cárceles argentinas más de 15.000 reclusos sin sentencia firme. Seis años después, la población carcelaria ha ascendido hasta 40.000 internos. De los que la mitad están procesados y sin sentencia firme. Son datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que estima en 56,1% el porcentaje de presos sin sentencia firme, cifra que en la provincia de Buenos Aires se dispara hasta el 75%. Estos datos acompañan a las informaciones que pueblan diariamente las páginas de los periódicos sobre crímenes violentos. Ayer, la referencia obligada de algunos medios era de algunos de los casos de presos que se beneficiaron de la dos por uno y a los pocos días volvieron a delinquir. Mientras los diputados discutían la derogación de la norma penal, un canal de televisión transmitía un informe sobre la delincuencia en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. "Es la zona más cara del país", decía la voz en off , "donde vive un millón y medio de personas". Allí abundan los barrios cerrados y fuertemente protegidos. Hay 27 comisarías de policía, numerosos agentes de seguridad privada y grupos de vecinos que organizan por su cuenta la protección. Y sin embargo, algo falla, porque la violencia va en aumento. La zona ostenta otro récord: 198 entidades bancarias. En lo que va de año, 13 de ellas han sido asaltadas (en todo el año 2000 hubo 15 asaltos). Los asaltantes cada vez son más jóvenes y violentos, dicen los responsables de la seguridad. "A veces entrar en un banco disparando o se llevan a rehenes sin ninguna necesidad", decía uno de los entrevistados. Para unos, la responsabilidad es de las propias entidades de crédito y del Banco Central por no adoptar las medidas de seguridad que corresponden. Otros acusan al Ministerio del Interior y al Gobierno. Pero la rueda violenta no se detiene.
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