'Los informes del tribunal van a levantar ampollas'

El actual presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), Rafael Iturriaga, entrará en funciones a partir del próximo 15 de marzo. La disolución del Parlamento hace imposible la renovación del órgano fiscalizador de las administraciones vascas, cuyo mandato expira la semana que viene. Al final de su mandato es cuando han comenzado los desencuentros entre el tribunal y la Administración. Iturriaga plantea que los futuros informes no sólo fiscalicen las irregularidades contables, sino que se adentren en una senda más política, ya abierta, de analizar la eficacia del gasto público.

Pregunta. El TVCP ha detectado irregularidades en la construcción y contrataciones del Museo Guggenheim y el director de la pinacoteca les acusa de manipulación de datos. Es la primera vez en su mandato que le reprochan algo así

'La proliferación de sociedades públicas regidas por el derecho mercantil y con participación pública es a la Administración como la grieta al 'Titanic'

Respuesta. Es cierto. Otras veces se han sucitado polémicas entre el tribunal y otras instituciones, pero esas manifestaciones de Juan Ignacio Vidarte son criticables por injustas e irreales. Una acusación es que los datos son manipulados por el tribunal y eso supone no leerse las cifras y no tener conocimiento de lo que el Parlamento pidió al tribunal, que fue el cálculo del coste total del museo. Las cifras que maneja Vidarte sólo hacen referencia a la construcción, pero se trata de un museo, con lo que el gasto total incluye el suelo, la obra, los gastos corrientes y fiscales, y el coste de las obras de arte. Es decir, hemos calculado los costes desde que se pone la primera piedra hasta que se abren las puertas al público.

P. Otra observación que les ha hecho el director del Guggenheim es que el Museo actuó en las contrataciones conforme a su 'naturaleza jurídica privada' y, por lo tanto, fuera del alcance del tribunal.

R. Privado es aquello que cuando se pierde hay alguien que sabe que lo ha perdido, y público es aquello que cuando se pierde nadie es consciente de que lo ha perdido él. Las inversiones realizadas y las empresas constituidas para construir y gestionar el Guggenheim están formadas por el Gobierno vasco, la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. Todos los capitales invertidos son públicos. Decir que es privado es una barbaridad jurídica y de sentido común. Vidarte confunde el concepto de empresa pública sujeta jurídicamente a la legislación mercantil con el concepto de privada. El museo es de todos.

P. La trayectoria final de su mandato se ha caracterizado por el desencuentro entre el tribunal y las instituciones sometidas a análisis. Cada informe que realizan es contestado. ¿Encajan mal los responsables de las instituciones las críticas, a pesar de que las recomendaciones del tribunal se van a aceptando?

R. Así es. Las recomendaciones del tribunal son bastante más seguidas por las instituciones de la impresión que se da por las contestaciones. Recuerdo ahora el caso de Osakidetza, que llegó a contestar el informe del tribunal con un anuncio remitido a la prensa. Sin embargo, poco tiempo después, el consejero de Sanidad reconocía que el seguimiento de las recomendaciones del tribunal había sido exitoso, logrando reducciones de costes en la compra de material sanitario. El tribunal no está para fastidiar, sino para informar al Parlamento y recomendar lo que estime conveniente para la mejora de la gestión pública. Para mí es motivo de orgullo que, al final de mi mandato, los informes abandonen el terreno mecánico del trabajo puramente contable y vayan entrando cada vez más en los terrenos de la evaluación de las políticas públicas, de la evaluación de la eficacia y de la eficiencia del gasto.

P. ¿Eso significa salir del terreno de la contabilidad y los procedimientos administrativos para meterse en otro más político?

R. Sí, y lo cierto es que la palabra 'política' sigue siendo un poco tabú. En la medida que hemos logrado que el Parlamento se interese por la utilización del tribunal como una herramienta que le ayuda en su labor de control, éste gana eficacia como fiscalizador. Antes el tribunal hacía informes de manera mecánica, se remitían al Parlamento y la Cámara no los leía. Era una labor litúrgica. En estos momentos lo que cambia es que el Parlamento se interesa por el uso del tribunal como una herramienta para su labor de control, con lo que solicita informes en los que va indicando por medio de preguntas la información que quiere recibir. Esto supone más dificultades para el tribunal, al no discurrir por los cauces de la mera contabilidad, sino que debe entrar a informar sobre la eficacia del gasto, los programas y la actividad pública, lo que va a levantar más ampollas en el gestor, que estaba muy poco acostumbrado a recibir ese tipo de críticas. El tribunal va a tocar zonas sensibles que escocerán a la clase política.

P. ¿Cree que las administraciones fiscalizadas le facilitarán la información necesaria para realizar este tipo de análisis de eficacia?

R. Hay enormes resistencias al cambio. Entrar al análisis de la evaluación de las políticas públicas es difícil. No hay una guía clara de la metodología y de los pasos a seguir. Para el personal auditor del tribunal también supone un cambio de mentalidad muy importante. Todavía estamos iniciando la investigación en estos aspectos. Me extrañaba aquella paz de cementerio con la que se recibían en el pasado algunos informes del tribunal, sin causar ningún movimiento en las aguas institucionales, porque el control siempre es algo duro de recibir. ¿Cómo es posible que con tanto control no ocurriera nada? Pues porque era un control litúrgico y contable. Pero ahora, a medida que entremos a informar sobre la gestión, lloverán las críticas de los políticos encargados de la gestión.

P. Otra de las aportaciones durante su mandato ha sido la recomendación a las administraciones de no crear sociedades públicas para extirpar el área de gestión. ¿Cree que la falta de ideas hace que los políticos recurran a esta estrategia?

R. Sí. La proliferación de sociedades con participación institucional es a la administración como la grieta al Titanic. Se trata de un grave riesgo. Si se crean sociedades para gestionar algo porque razonablemente se entiende que la forma jurídica de esa sociedad va a ser más eficaz, que se haga. Pero la proliferación desmesurada, que es lo que está ocurriendo ahora, implica un aumento de los costes, ya que la administración no se reduce.

P. ¿Y se relajan los controles?

R. El control a través de los mecanismos burocráticos tradicionales se relaja de manera extraordinaria. Y el sueldo de los directivos de estas sociedades es un ejemplo de que están fuera control. En la medida en que se pierde el control, florecen los privilegios y el despilfarro. Por eso lo que digo es que hay que tener cuidado: no es obligatorio crear empresas para todo ni siempre es conveniente. El riesgo en el País Vasco es mayor que en otras zonas. Las administraciones crean sociedades públicas regidas por el derecho mercantil que se sitúan fuera de su control, al existir un porcentaje de participación de la administración por debajo del 50%. Ninguna institución se hace responsable de la marcha de la sociedad. Es un fraude de ley. Alguien tiene que decir al Parlamento que se le están vendiendo como legales cosas que dudosamente lo son.

P. El uso excesivo en la contratación directa, la mala gestión de personal, el abuso de los gastos imprevistos. Esta era la tónica habitual de las conclusiones de los informes hasta ahora. ¿Las administraciones vascas funcionan de una manera eficaz para sus ciudadanos?

R. Es difícil saberlo. Eficacia es el resultado que se da entre los objetivos propuestos y los resultados conseguidos. En los presupuestos, que es donde tienen que estar los objetivos señalados, no se detallan. Entonces, ¿cómo vamos a saber si los resultados logrados se ajustan a los objetivos? No se debería consentir al Gobierno elaborar un Presupuesto sin plazos e indicadores. Hacen falta presupuestos con objetivos, acciones e indicadores claros, una gestión trasparente y que exista un debate sobre la liquidación [del ejercicio] donde no se mire cuánto dinero se ha gastado, sino qué objetivos se han cumplido y cómo se han conseguido.

P. El Gobierno no ha presentado un proyecto de presupuestos para este año porque no tenía asegurada en el Parlamento la mayoría necesaria para aprobarlo. ¿Tiene obligación legal de hacerlo?

R. Si se cree en la democracia y en la división de poderes, el Gobierno es gobierno porque representa al pueblo y dirige la función pública con unos Presupuestos. ¿Cómo puede abdicar de esto un Gobierno sin que esto suponga una rebelión? La democracia de un país está enferma para que esto ocurra. La obligación de decir lo que se piensa hacer con la Administración a través de unos presupuestos es ineludible para el Gobierno y no puede renunciar a esa obligación porque, al no disponer de la mayoría que le vaya dar el sí, tal vez el Parlamento le cambie las cuentas. El dueño de los presupuestos es el Parlamento. La obligación de cualquier Gobierno no es ganar unos presupuestos, sino presentarlos. Si la Cámara los cambia y el Ejecutivo cree que van contra su espíritu, lo que tendría que hacer es presentar la dimisión.