El regadío riojano obtuvo ayudas irregulares, pero PP, PSE y UA eluden hallar culpables

La comisión que investiga las subvenciones por valor de 483 millones entregadas por la Diputación de Álava al regadío riojano concluyó ayer sus trabajos. Emitió un informe, aprobado únicamente con los votos del PP, PSE y Unidad Alavesa, es decir, los partidos que apoyan al Gobierno foral más los socialistas, en el que se detallan una serie de 'disfunciones', pero sin encontrar culpables ni atribuir responsabilidades. El dictamen chocó con la oposición de PNV, EA, EH e Izquierda Unida.

El informe concluye que la Diputación primó en sus decisiones 'la rápida respuesta a las demandas de unos ciudadanos', por encima de formalismos administrativos, aunque esa actuación conllevara 'algunas disfunciones'. Y pasa a detallarlas: 'Falta de firmas, conversaciones verbales no documentadas, falta de solicitudes documentadas o personalidad imprecisa de los entes destinatarios'.

Los hechos investigados se remontan a los meses de octubre y noviembre de 1999, cuando la Diputación otorgó dos subvenciones por 483 millones en total a la comunidad de regantes de la Rioja Alavesa y la Sonsierra Riojana, una entidad privada en fase de constitución encabezada por el entonces alcalde de Laguardia Javier Sampedro (PP), ya fallecido. El Gobierno de Rabanera concedió la ayuda a pesar de que los regantes ni siquiera la habían solicitado formalmente. Además, la entidad agrupaba a municipios no sólo alaveses, sino también de La Rioja. El destino del dinero era la compra de una central hidroeléctrica en Berganzo.

Tras las primeras sospechas de irregularidad, los regantes decidieron devolver el dinero que habían recibido (25 millones). El resto nunca se llegó a pagar.

Irregularidades demostradas

El informe aprobado por PP, PSE y UA ha confirmado las irregularidades, criticadas en su momento por los nacionalistas, pero entiende que 'no constituyen actuaciones que impliquen incorrección grave de fondo, ni responden a intereses particulars ilegítimos'. No obstante, el propio dictamen admite las incorrecciones en el proceso. Por ejemplo, admite que la concesión de la ayuda se inició 'con anterioridad a la solicitud formal', así como 'la falta de justificación en la necesidad de la compra de la central de Berganzo' y 'la falta de peritación' de ese edificio.

Pese a todo, el texto aprobado asegura que 'no se derivan responsabilidades administrativas ni políticas de las personas o instituciones implicadas'. El regadío, ahora liderado por el nuevo alcalde de Laguardia (también del PP), se ha potenciado gracias a la intervención del Gobierno central, que lo ha declarado de interés general. Lo inauguró el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, en la campaña electoral del año pasado.

Los trabajos de la comisión de investigación comenzaron hace un año. Su informe deberá ratificarse en un próximo pleno.