Nicaragua excarcela por motivos de salud al ex alcalde de México
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua dictaminó ayer la excarcelación por motivos de salud del ex ministro de Turismo mexicano y ex alcalde de México D.F., Óscar Espinoza Villareal, cuya extradición ha sido solicitada por el Gobierno azteca. Espinoza, que huyó de la justicia mexicana, se encuentra preso en Nicaragua desde el pasado el 12 de diciembre a solicitud del gobierno mexicano, que le acusa del delito de peculado (malversación de fondos públicos) por 420 millones de pesos mexicanos (47,7 millones de euros).
Basándose en un informe del Instituto Legal de Medicina Forense, los ocho magistrados de la Sala Penal del máximo órgano jurisdiccional nicaragüense, decidiron por unanimidad sustituir la permanencia en la prisión de alta seguridad de El Chipote por el arresto domiciliario bajo custodia policial, al entender que el ex regente mexicano sufre graves problemas de salud que sólo pueden ser atendidos fuera de la cárcel.
La resolución también establece que el detenido debe presentarse periódicamente ante la Corte y ordena al departamento de Inmigración que le impida la salida del país. La Sala intentó reunirse en dos ocasiones, el pasado viernes y el lunes, para estudiar la solicitud de excarcelación presentada por los representantes de Espinoza, pero en ambas ocasiones faltaba el quórum necesario para firmar una decisión ya tomada. Al regresar ayer a sus puestos de trabajo los magistrados que se encontraban enfermos o fuera de la capital, pudo dictarse la excarcelación.
Espinoza, que ha ocupado numerosos cargos en diferentes gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), normalmente ligados a las finanzas de la organización, está acusado de desviar fondos de las arcas municipales durante su mandato como alcalde capitalino (de 1994 a 1997) para financiar la campaña electoral del ex presidente Ernesto Zedillo.
Tras producirse el traspaso de gobierno en México, la Procuraduría de Justicia dictó orden de arresto contra él. Tras huir del país, aterrizó a bordo de un jet privado en Nicaragua en lo que la oposición interpretó como un acuerdo entre el saliente mandatario mexicano y su homólogo nicaragüense, Arnoldo Alemán. Espinoza solicitó el asilo político tras ser detenido, sin que le fuese concedido, pero el Gobierno nicaragüense sí atendió la solicitud de extradición realizada por México en virtud del tratado firmado por ambos países en 1998.
El 23 de febrero el Tribunal Colegiado de Circuito mexicano resolvió suspender la orden de aprehensión contra Espinoza sin que ello signifique que no deba responder por su presunta culpabilidad. La orden de arresto se dictó siguiendo la legislación de 1999, que considera el peculado como delito grave, pero al imputarse hechos presuntamente acaecidos de 1994 a 1997 y al no ser la ley retroactiva, la orden carece de validez. El juez mexicano impuso una serie de condiciones a Espinosa para no ser detenido si ingresa en el país: antes de tres días después de su regreso deberá de depositar una garantía de 4,2 millones de pesos (el 1% de lo que se presume que malversó) y debe presentarse a declarar ante el Juez que ordenó su aprehensión para que inicie el proceso por el delito de peculado.
La justicia nicaragüense tiene un mes para decidir si extradita o no a Espinoza.
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