La UE advierte al Gobierno sobre la inflación y le pide rigor fiscal

Las advertencias de la Comisión Europea, aprobadas a propuesta del comisario de Asuntos Monetarios, Pedro Solbes, serán votadas por el Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) el próximo 12 de marzo. La frialdad del tono empleado por Bruselas confirma la mano dura con que han sido tratados todos los Estados miembros este año en este ejercicio anual de control de las líneas de la política económica de los socios comunitarios. Y en particular Irlanda, que sufrió en sus carnes la humillación de ser el primer país al que el Ecofin censuró su presupuesto y le emplazó a tomar medidas de rectificación.

Ayer, la Comisión confirmó que España, Portugal, Bélgica y Luxemburgo 'cumplen' los requisitos del Pacto de Estabilidad para mantener la política de rigor en las cuentas públicas y se ajustan a las recomendaciones elevadas el año anterior por la Comisión y el Ecofin. Las llamadas gopes (grandes orientaciones de política económica) han ganado importancia política con la censura a Irlanda y se han convertido en el instrumento más efectivo de coordinación de las políticas económicas en la Unión Europea.

La estopa repartida ayer por Solbes afectó principalmente a Portugal y España, en ese orden. En el caso español, las advertencias de Bruselas son particularmente dolorosas porque suponen un borrón en el inmaculado panorama que el Gobierno de Aznar suele presentar al abordar una coyuntura económica dominada en los últimos años por altas tasas de crecimiento y creación de empleo.

Rato acepta la crítica

Pese a esos buenos resultados, la Comisión pone de relieve que 'el comportamiento reciente de los precios ha sido peor de lo esperado' y no sólo por factores externos como el petróleo, sino por la mala evolución de la inflación subyacente [precios sin contar la energía ni los alimentos no elaborados]. Así lo enfatizó el comisario Solbes al referirse a 'un pero relevante que es motivo de preocupación'.

No es el único pero de Bruselas. La Comisión advierte también de que precisamente debido a la alta inflación 'se considera esencial que el crecimiento de los salarios esté orientado a la estabilidad de los precios'.

. Precisamente ayer se conoció que la tasa de inflación en la zona euro bajó al 2,4% en enero desde el 2,6% el mes anterior. El objetivo del Banco Central Europeo (BCE) es mantener los precios por debajo del 2%.

El IPC español armonizado ascendió al 3,8% hasta enero, por lo que el diferencial de inflación con los países de la zona euro se mantiene en 1,4 puntos.

La Comisión subraya también que 'la política fiscal debería estar preparada para contrarrestar con un mayor rigor eventuales presiones adicionales de recalentamiento'. Pero señala que, 'aunque los últimos datos de 2001 puedan apuntar a una producción más débil y mayor inflación, el escenario macroeconómico a medio plazo parece globalmente realista a la luz de la experiencia y dado el proceso de acercamiento a las economías más prósperas que se registra en España'.

Margen con el déficit

Bruselas advierte también de que la reforma fiscal de 2002 que ha anunciado el Gobierno español 'debería estar supeditada a la realización de los objetivos fiscales y tener en cuenta los datos relativos de la estabilidad de precios'. La Comisión reconoce que a partir de 2001 hay margen presupuestario suficiente para asegurar que no se superará el tope del 3% de déficit público aunque hubiera 'una desaceleración cíclica normal'.

Bruselas también toma nota de que España ha previsto aumentar el margen de seguridad para hacer frente a las consecuencias del envejecimiento de la población y acoge 'con satisfacción el compromiso de las autoridades españolas de asignar los superávit de la Seguridad Social al fondo de reserva'. 'Sin embargo', añade la Comisión, 'la actualización no ofrece una respuesta completa a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas frente al envejecimiento de la población'.

Solbes hizo alusión también a la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró ilegal la congelación salarial de los funcionarios en 1997. La sentencia, recurrida por el Gobierno, obliga al Estado a pagar un billón de pesetas a los funcionarios. Es un 'riesgo potencial' que planea sobre las cuentas públicas, aunque la Comisión no ve necesario hacer recomendación específica al respecto.