El Constitucional acuerda decidir en pleno los recursos del 'caso Marey'

El pleno del Tribunal Constitucional acordó ayer resolver los ocho recursos de amparo interpuestos por 11 de los condenados por el Tribunal Supremo -entre ellos, el ex ministro José Barrionuevo y otros ex altos cargos de Interior- por el secuestro en 1983 de Segundo Marey, primera de las acciones atribuidas a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). En lugar de que cada una de las dos salas del Constitucional resuelva los cuatro recursos que ha admitido a trámite, será el pleno el que delibere y decida sobre los ocho.

La propuesta del presidente, Pedro Cruz Villalón, fue aceptada hace un mes por los magistrados y aprobada formalmente ayer. A partir de ahora, los ocho ponentes tendrán que perfilar sus proyectos de sentencia, para lo que les será útil el documento de trabajo realizado por los letrados del Tribunal y el debate en pleno que se realice sobre el mismo. Entre otros muchos materiales, ese documento ofrece reflexiones jurídicas sobre la presunción de inocencia, prescripción y derecho a la doble instancia.

Posibles cambios de ponentes

Aunque inicialmente cada recurso de amparo tiene asignado un ponente, fuentes jurídicas del Tribunal Constitucional manifestaron ayer a este periódico que 'está todo por el momento tan en el aire que no es descartable que se produzcan incluso cambios de ponentes'. Así ocurrió, por ejemplo, en 1999 con la ponencia de Manuel Jiménez de Parga sobre el caso de la Mesa de HB. Al quedar en minoría, fue sustituido por Carles Viver.

Por el momento, los ponentes son Cruz Villalón, del recurso de Ricardo García Damborenea, ex secretario general de los socialistas vizcaínos (condenado a siete años de cárcel); Viver, del de los policías Miguel Planchuelo (condenado a nueve años y medio), Julio Hierro y Francisco Saiz (condenados a cinco años y medio); Tomás S. Vives, del recurso de Barrionuevo (condenado a 10 años); Julio Diego González Campos, del de Julián San Cristóbal, ex gobernador civil de Vizcaya (condenado a 10 años); Guillermo Jiménez, del de Rafael Vera, ex director de la Seguridad del Estado (condenado a 10 años), María Emilia Casas, del de los policías Luis Hens y José Ramón Corujo (condenados a cinco años); Pablo Cachón, del recurso del policía Michel Domínguez (condenado a dos años y cuatro meses), y Pablo García Manzano, del amparo pedido por el policía Francisco Álvarez (condenado a nueve años y medio).

Los 12 magistrados del Constitucional quedarán en 11 para este caso, ya que se abstendrá Manuel Jiménez de Parga, como ya anunció a EL PAÍS en abril de 1995, por haber acusado públicamente de parcialidad al inicial instructor del caso Marey, Baltasar Garzón, tras su paso por el Ministerio del Interior. Jiménez de Parga ofreció entonces otro motivo de su decisión: 'Para defender con el ejemplo la imparcialidad objetiva y mostrar a Garzón lo que él debería haber hecho'.