El Gobierno da aire al sector de la cogeneración eléctrica

California queda hoy un poco más lejos de España, al menos en cuanto a lo que apagones se refiere. El Gobierno y las empresas de cogeneración, proveedoras de un 12% del consumo eléctrico español, han establecido las bases de un acuerdo para superar la grave crisis que éstas arrastran desde hace un año y que las ha puesto a un paso del cierre. El pacto, no obstante, no deja de ser un parche ante la amenaza real de una caída en el suministro que dejase sin luz algunas zonas del país.

Nacidas a mediados de los ochenta, las plantas de cogeneración fueron la respuesta de muchos industriales para atajar el alza continuada de la factura eléctrica: producir su propia electricidad aprovechando la energía térmica de sus fábricas (textiles, papeleras, químicas, cerámicas y alimentarias). Con especial implantación en Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Andalucía, colocaban en la red el excedente de energía. El sistema parecía perfecto: ahorraba combustible, contaminaba poco, porque la materia prima era el gas natural, y era muy rentable.

Pero como en el rico estado norteamericano, una tijera de precios ha dejado en evidencia sus males. Obligadas a vender sus excedentes a las grandes eléctricas a un precio regulado, las cogeneradoras cada vez cobran menos por la energía que producen, pero acorde a un mercado sin libre competencia y sujeto a las variaciones del precio del crudo cada vez pagan más por la que gastan. 'La crisis petrolera sólo la hemos sufrido nosotros', dice Josep María Roqueta, secretario general de la Asociación Catalana de Cogeneradores (ACC).

Negocio sin márgenes

El aumento de las tarifas del gas (más de un 100% entre enero de 1999 y diciembre de 2000) se anuló. El sector registró en 2000 pérdidas de unos 35.000 millones de pesetas y debe alrededor de 90.000 millones de pesetas. De las 713 plantas, una treintena ya ha cerrado y la mayoría sufre paradas. Su paro, según cálculos propios, habría supuesto a las grandes eléctricas pérdidas directas de 90.000 millones anuales y gastos adicionales de 200.000 millones. Las plantas denuncian que fueron excluidas de los 1,3 billones de pesetas de ayudas en concepto de Costes de Transición a la Competencia.

El acuerdo prevé incentivar la venta directa de energía al pool eléctrico con una corrección del precio con respecto a la tarifa del gas. 'Nos permitirá restablecer el equilibrio financiero', asegura Rodolfo Florit, presidente de la patronal, quien estima que a precios actuales, el coste de los incentivos estaría entre los 15.000 y los 30.000 millones de pesetas anuales. La salida al mercado será una decisión voluntaria de cada planta.

Las discusión ahora es de dónde tienen que salir esas ayudas. Las grandes compañías eléctricas ya se han puesto en guardia: 'Que las asuma el sector significa que nosotros tendremos que reducir beneficios para que otros se puedan mantener', advierte Alberto Bañón, director del área de egulación de la patronal Unesa.