El Gobierno examinará la propuesta fiscal de la Junta de Extremadura sobre la banca

Sorpresa y desconcierto. La propuesta de gravar a los bancos que operan en la región, lanzada por el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha resultado un golpe de efecto ante la propia banca y el Gobierno de Aznar y abre la duda sobre la figura tributaria que permitiría sacar adelante ese impuesto. El ministro de Hacienda reconoce que nunca habría pensado en esa posible figura tributaria, la patronal bancaria cree que la futura ley atentaría contra el principio de libre competencia y desde el espacio doméstico extremeño se alzan voces contradictorias.

Fuentes de la Asociación Española de Banca (AEB) desconocían la figura impositiva en la que podría apoyarse Rodríguez Ibarra para sacar adelante su proyecto: 'Es evidente que gravar fiscalmente el ahorro captado en una región no cabe en la actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)', señaló en Radio Nacional de España la asesora de AEB, Carmen Arasa. En todo caso, y no teniendo aún acceso a detalles concretos del proyecto, la patronal bancaria cree que esa ley 'atentaría gravemente contra la unidad de mercado y principio de libre competencia'. En ese sentido, expertos consultados subrayaron que no puede ponerse un tributo igual o similar a otro que ya existe a escala estatal, como el Impuesto de Sociedades, o local, como el de Actividades Económicas (IAE). La posibilidad estaría en encontrar un resquicio legal e implantar un impuesto distinto.

Sorprendido se mostró ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien no dudó en aplicar la consideración de 'nueva' a la iniciativa extremeña. Eso sí, matizó que se lanza precisamente 'cuando teníamos que estar hablando de financiación autonómica, de corresponsabilidad fiscal, de compartir impuestos,...'.

Y ante la nebulosa que se cierne sobre la apoyatura tributaria del proyecto socialista, Montoro subrayó que 'en principio parece una figura cuyo hecho imponible es difícil de definir', aludiendo al propósito de gravar la actividad financiera haciendo un saldo neto entre el ahorro captado en una región y la inversión realizada en ese mismo territorio. El ministro no ocultó su sorpresa: 'Conozco muchas figuras tributarias, pero ésta en concreto no se me habría ocurrido nunca'. Después aclaró que 'no es óbice para que la estudiemos con la mayor atención', puntualizando que el Gobierno velará porque 'realmente todas las comunidades cumplan lo que tiene que ser adecuarse a un ordenamiento tributario general' y 'marcando por supuesto las reglas de juego que establece la LOFCA y la necesidad de que 'nuestro sistema tributario de carácter autonómico tenga en cuenta también las reglas de la UE'.

Contra la propuesta de Rodríguez Ibarra se han alzado algunas voces dentro de la propia comunidad extremeña. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Juan José Hernández, en Extremadura 'vamos al revés', en alusión a la bajada de impuestos que se está produciendo en otras comunidades como Navarra. 'No lo veo bien [la propuesta de Ibarra] y no creo que sea posible gravar el impuesto, cuando va dirigido a bancos que no hagan una obra social. En ese sentido, recordó que cuando los bancos dan créditos a bajo interés o las empresas hacen convenios con entidades bancarias que mejoran las posibilidades de invertir 'se está haciendo una labor social importante'. Destacó el papel de las entidades de ahorro 'cuando regalan una ambulancia o hacen un centro social' pero, irónico, apuntó que también le gustaría que las cajas bajaran los tipos de interés a los empresarios: 'Ésa también sería una buena obra social'.

Jesús Medina, presidente de Caja Extremadura, la principal entidad de ahorro de la región, hizo una lectura favorable de la iniciativa del Gobierno regional 'porque puede repercutir positivamente en la sociedad extremeña'.

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en bancos y cajas, considera que la iniciativa 'recuerda a una similar que Manuel Fraga, presidente de la Xunta, intentó implantar en Galicia. Es una vuelta al pasado, a los coeficientes obligatorios que sólo pueden suponer un perjuicio para la región porque encarecerán los costes de la banca', según María Jesús Paredes, responsable de de Banca de CC OO. Sin embargo, UGT afirmó que la propuesta contaba con su simpatía y que la consideraba 'interesante'.