El Parlamento Europeo investigará el retraso en la tramitación del suplicatorio de Berlusconi

El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, alertó el pasado 15 de febrero, en un escrito dirigido a Baltasar Garzón, que el suplicatorio pedido contra Berlusconi sufría un retraso de ocho meses. Y solicitaba al juez que se interesase por la 'urgente cumplimentación del suplicatorio para levantar la inmunidad a Silvio Berlusconi y Marcelo Dell'Utri', ambos eurodiputados de Forza Italia. Berlusconi es además el candidato a primer ministro en las elecciones generales que se celebrarán en Italia esta primavera.

El Supremo tramitó la petición de Garzón el 12 de julio a través de la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. El suplicatorio fue llevado en mano al Gabinete de la presidenta de la Eurocámara el pasado 17 julio por el responsable de la oficina de Madrid, Fernando Carbajo.

El 28 de agosto, el entonces jefe del Gabinete, Harald Romer, envió una carta a la Representación Permanente (Reper) de España ante la UE, para que el Gobierno español aclarara quién era 'la autoridad competente' para tramitar el suplicatorio, pero ni registró la petición en el Registro de la Secretaría General de la Eurocámara ni la remitió a la Comisión de Asuntos Jurídicos, encargada de estudiar y decidir la tramitación de los suplicatorios.

De hecho, la presidenta de esta comisión, la española Ana de Palacio, confirmó ayer que aún no tiene conocimiento oficial de tal petición.

Por su parte, el presidente del Grupo de los Socialistas Europeos, el español Enrique Barón, que califica de 'inaudito' lo ocurrido en este caso, ha escrito a la presidenta de la Cámara, Nicole Fontaine, y le ha exigido también que ordene una investigación para conocer las circunstancias que han provocado la demora en la tramitación de la petición judicial cursada por Garzón.

Barón cree que el Parlamento debe establecer 'las responsabilidades disciplinarias' correspondientes. El eurodiputado socialista recordó ayer que es la Comisión de Asuntos Jurídicos la que debe decidir si pide aclaraciones a un país determinado sobre quién es esa 'autoridad competente' para tramitar el suplicatorio.

Barón también cree que las autoridades españolas, por su parte, deben investigar si ha habido 'extravío o retraso' en la tramitación del caso.

La vía reglamentaria para tramitar un suplicatorio en España, según algunos informes manejados ayer por el Gobierno español, pasa, en primer lugar, por el Ministerio de Justicia, después por el de Exteriores, y finalmente por la Reper, que debe presentarlo a la Eurocámara.

Fue esta vía, por ejemplo, la utilizada cuando en 1990 se tramitó desde España el suplicatorio contra José María Ruiz-Mateos, entonces eurodiputado.

De las primeras pesquisas técnicas efectuadas en la Eurocámara, se deduce que Carbajo no debió haber llevado en mano el expediente del suplicatorio a Bruselas. También se inclinan los técnicos por la tesis de que, en todo caso, el expediente debiera haber quedado registrado en el Registro de la Secretaría General, para ponerlo después en conocimiento de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Miembros de esta comisión, no obstante, tienen sus dudas al respecto y consideran que el Gabinete actuó, probablemente, bajo las directrices de la propia Fontaine, para que el trámite fuera resuelto cuanto antes por el Gobierno español en plenas vacaciones de verano.

El caso Berlusconi está relacionado con las investigaciones abiertas por el juez Garzón para esclarecer la presunta vulneración del la ley de la Televisión Privada en España, que establecía inicialmente un límite máximo del 25% de las acciones para cada una de las entidades concesionarias de las cadenas privadas.

Según las investigaciones de Garzón, Berlusconi, como vicepresidente de Gestevisión Tele 5, propició una serie de movimientos accionariales mediante los cuales consiguió superar de hecho esa limitación y eludió, presuntamente, el pago del impuesto de sociedades y del IVA en cuantía superior a los dos mil millones de pesetas.

El juez Baltasar Garzón apreció también seis delitos continuados de falsedad en documentos públicos y mercantiles, uno por cada una de las sucesivas operaciones de transmisión clandestina de acciones. Garzón ya tomó declaración en la Audiencia Nacional a Silvio Berlusconi en calidad de imputado, pero después tuvo que abstenerse de proceder contra él hasta contar con el permiso de la Eurocámara.