El TSJA confirma la validez del PGOU de 1986 de Marbella

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la validez de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986 por parte de la Junta de Andalucía el 28 de noviembre del pasado año.

En un auto fechado el pasado 12 de febrero, el alto tribunal andaluz comunica su decisión de levantar la suspensión cautelarísima de los efectos de la publicación del citado documento, que dictó en el mes de enero. La respuesta del gobierno municipal que preside Jesús Gil no se ha hecho esperar, y ya ha anunciado que, una vez que conozca el contenido del auto judicial, que aún no le ha sido notificado oficialmente, presentará un recurso de súplica.

Vacío legal

Según la resolución, la corporación marbellí no ha acreditado, 'en modo alguno', la falta de aplicación del planeamiento de 1986. Además, el Tribunal señala que 'no consta la existencia válida y eficaz de otra norma de planificación urbanística', por lo que considera que ante este vacío legislativo 'debe prevalecer, en aras de la seguridad jurídica, la postura que defiende la Administración autonómica'.

De esta forma el TSJA asume las tesis del Gobierno andaluz, que alegó el pasado 1 de febrero en una vista pública que el Plan de 1986 no debía ser suspendido ahora 'porque no se crearía una apariencia de legalidad, sino que su publicación hace aparente una legalidad vigente', que se ha estado aplicando por el mismo equipo de gobierno que ahora solicita su suspensión.

El asesor municipal del Ayuntamiento de Marbella, José María del Nido, acusó entonces a la Junta de invadir competencias municipales. Según argumentaba Del Nido, 'el alzamiento de la suspensión puede acarrear perjuicios irreparables a la ciudad y crear una apariencia de legalidad con graves consecuencias en el ámbito de la vida socioeconómica'.

Insistió el abogado en las 'consecuencias irreparables' que la publicación del PGOU de 1986 podría tener en el orden jurisdiccional penal, dadas las decenas de causas penales abiertas en los juzgados de la localidad. 'El letrado actuante parece venir a confundir lo que son los intereses inherentes al equipo de gobierno municipal con los intereses netamente locales y municipales', puntualiza a este respecto el alto tribunal andaluz.

El delegado de Obras Públicas, Enrique Salvo Tierra, hizo ayer una lectura 'positiva' del auto judicial, que a su juicio garantiza la total eficacia del documento urbanístico de cara a terceros, y descartó que prospere el recurso anunciado por el gobierno municipal de Marbella. Para la portavoz socialista, Isabel García Marcos, la resolución deja claro que el PGOU vigente es el de 1986, y reafirma la legitimidad de la Junta de Andalucía para publicar el documento.