La Fundación Servicio Valenciano de Empleo reduce gastos de personal

La continuidad de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo depende 'de que todo el mundo coopere', aseguran fuentes de este órgano. El déficit de 270 millones de pesetas acumuladas por el servicio hasta 1999 y la aparición del Servef obligaban a la Fundación a mejorar su gestión y a demostrar su viabilidad ante la Generalitat. Según la Generalitat, el futuro de este órgano no estaba en el aire pero el nacimiento del Servef sí convertía la fundación privada en un servicio complementario al público.

El entonces director-gerente de la FSVE, Rafael Segarra, ex técnico de la patronal valenciana, elaboró un plan de reducción de gastos que contemplaba el despido de cuatro empleados, algunos afiliados a UGT. Este sindicato, con voz y voto en la junta de gobierno y el patronato que rige la Fundación, se opuso a la reducción de empleos y Segarra presentó su dimisión después de que la junta de gobierno desautorizara los despidos. Dejó la dirección con una indemnización de ocho millones de pesetas.

La Fundación se resintió tras este choque interno. A Segarra le sucedió al frente de la gerencia el economista valenciano, que también fue técnico de la patronal, Ricardo Miralles, quien explicitó desde su llegada que su labor se limitaría a ejecutar el plan de viabilidad, tras lo cual dejaría el cargo. A punto de acabar el año pasado, Miralles propuso el despido de ocho empleados de la Fundación, entre ellos cuatro subdirectores generales, algunos ligados a la UGT -este sindicato cerró un acuerdo con la patronal en agosto de 1995 por el que ambas organizaciones se apoyaron mutuamente para acceder a los diferentes cargos de dirección del servicio-.

Presupuesto bloqueado

Los órganos de gobierno ratificaron los despidos con el voto en contra de la UGT, que mostró su oposición a la medida en la reunión del patronato de la FSVE del pasado 22 de diciembre. Rafael Recuenco, secretario general de UGT y representante de la organización en el patronato, abandonó la sesíón del órgano de gobierno y bloqueó el presupuesto de la Fundación para este ejercicio, que asciende a 540 millones de pesetas. El gesto provocó una situación insólita en el seno del patronato, cuyos estatutos exigen la unanimidad para aprobar determinados asuntos, entre otros el presupuesto. El conflicto se trasladó al protectorado de la Fundación, encargado de desbloquear la situación.

Los órganos de gobierno del Servicio estudian ahora una reforma de las normas de funcionamiento del patronato que eviten situaciones como la actual. El director Ricardo Miralles ha reiterado, según fuentes del Servicio de Empleo, su intención de abandonar el cargo una vez concluya el plan de viabilidad y se firme el convenio de colaboración pendiente con la Economía. Nadie se pronuncia sobre quién ocupará en un futuro la dirección general de la Fundación, pero el relevo, según las mismas fuentes, no tardará en producirse.