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El fiscal cuestiona la profesionalidad de los técnicos de Azpiegitura y dice que obraron con 'desgana'

La Fiscalía ha dado una nueva sorpresa en la recta final de la repetición del juicio por el caso Azpiegitura, la supuesta estafa de 571 millones de pesetas a la Diputación de Vizcaya en la construcción de un edificio público. Si al elevar sus conclusiones a definitivas en el proceso anterior, en 1996, retiró las acusaciones contra todos los encausados salvo el constructor Iñaki Ereño, en esta ocasión la ha retirado también para el contratista, con lo que no acusa a nadie. La Fiscalía cargó ayer en la presentación de su informe final contra los técnicos de Azpiegitura que controlaban la obra, a los que acusó de hacer su trabajo con 'poca profesionalidad'.

Los fiscales Alejandro Torán y Luis Lafón han seguido a pies juntillas la revolución emprendida por la fiscal del caso en la anterior vista y ahora fiscal jefe del Superior vasco, María Ángeles Montes. Tampoco han ahorrado calificativos al criticar la gestión de los técnicos a los que el nuevo equipo que entró en la sociedad foral Azpiegitura tras las elecciones de 1991 -dirigido por José Luis Bilbao- encomendó el control de la obra que ha motivado esta causa penal. En cualquier caso, el fiscal contradijo todas las acusaciones realizadas contra los cuatro encausados por el abogado de la acusación particular en nombre de la Diputación, Enrique Olaran, quien mantiene las imputacionesLejos de quedarse en una escueta retirada de acusaciones, la Fiscalía optó también por cuestionar en su informe la profesionalidad de los técnicos de Azpiegitura, el arquitecto Félix Campo y el aparejador José Ramón Jayo. El Ministerio Público considera que ambos técnicos, pese a no tener ningún impedimento para ir a inspeccionar la obra, apenas acudieron a controlar los trabajos. Entiende además que no se 'tomaron la menor molestia de preocuparse de si se inyectó' la mezcla de sulfatos que constructor y arquitecto aseguran se inyectó [en total, 10.355 metros cúbicos de una mezcla de agua, sulfatos y cemento]. El fiscal cree que esa 'desgana y poca profesionalidad no puede caer en cargo de los encausados' y es achacable 'sólamente a ellos'.

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El fiscal comenzó su informe justificando la postura ambivalente que ha desplegado la acusación pública desde que comenzó el caso. Primero, el entonces fiscal Javier Huete presentó una denuncia penal ante la existencia de indicios de estafa. Ya durante la instrucción, el fiscal llegó a justificar su papel diciendo que siempre se opuso a las prisiones de Alberto López, Iñaki Ereño y Jesús Saiz de Omeñaca y que, 'ante la relevancia que estaba tomando el caso' ante la opinión pública al salpicar la estafa a algunos políticos, 'pedimos que los peritos fuesen ajenos' al País Vasco, 'algo que no se hizo'. Para rematar, recordó que la acusación pública no presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo y que repitió el mismo escrito de calificación de 1995 porque el Supremo declaró en septiembre de 1996 nulo el juicio, que fue donde la fiscalía cambió de postura.

Justificaciones

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Tras finalizar con el catálogo de justificaciones, el Ministerio Público entró de lleno a negar la existencia de todos los delitos que previamente había enumerado la acusación particular. La Fiscalía defiende ahora que durante el juicio no se ha probado que existiera estafa. Es más, utilizando los testimonios de testigos y peritos de la defensa, el fiscal aseguró que 'el suelo que rodeaba al edificio era inyectable, que sí se inyectó y que no hubo maquinación entre los acusados para la estafa'. Aprovechó de nuevo para cuestionar a Azpiegitura al asegurar que entonces 'nadie en la propiedad se opuso a las inyecciones', ni pidió otras soluciones constructivas si consideraban que eran 'muy caras' o que todavía eran investigadas.

El fiscal cifró en 10.355 metros cúbicos la mezcla inyectada por el constructor. Dio esa cifra porque así lo marcaron los contadores 'que estaban precintados y nadie ha demostrado que se manipularan'. Aseguró que fue necesario hacer algo para consolidar el terreno porque había un 'riesgo real de corrimiento o agrietamiento del vial de la autopista y de las casas colindantes' al edificio.

Arrogarse la propiedad

Sobre las otras dos imputaciones, el fiscal dice que Ereño no cometió ningún delito al arrogarse la propiedad del solar y acordar con la empresa Póster la colocación de unas vallas con publicidad en la obra. Agregó que tampoco es delito el que Ereño presentase a la juez instructora unas facturas falsas porque existía entre Ereño y el chatarrero que le proporcionó las facturas de sulfatos una relación previa que consistía en una 'deuda pendiente y exigible'.

La acusación particular mantuvo, por contra, que hubo estafa en la construcción del edificio -aseguró que los encausados 'asustaron a la propiedad' con la caída del vial y los edificios para asegurar la estafa en las inyecciones-, que Ereño estafó a la Diputación por el asunto de las vallas y que hubo falsedad ideológica en el caso de las facturas falsas.

El letrado acusador, Enrique Olaran, culpó a los imputados de 'crear artificialmente la necesidad de realizar inyecciones y así obtener un elevado número de ingresos'. Recordó que el precio descompuesto de las inyecciones era, como han mantenido varios peritos, 'ininyectable'. 'Pese a todo esto, durante 16 certificaciones de obra López, Ereño, Almenara y Lorenzo siguen certificando e informando a la propiedad de que el producto inyectado es el del precio descompuesto', defendió Olaran. 'Ni se ha inyectado lo que se certificó, ni tampoco al precio que se dicen'.

Apuntaló esa versión con una cuenta de lo que realmente tenía que haber costado el metro cúbico de inyección. Frente a las 55.000 pesetas, tenían que haber facturado 'la décima parte, 4.000 o 5.000 pesetas'.

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