La intervención del Gobierno fue crucial para el fracaso del plan

El Gobierno estableció el pasado viernes una serie de condiciones a la fusión de Endesa e Iberdrola que han resultado determinantes para que ayer abandonaran su proyecto. El texto del acuerdo del Consejo de Ministros recoge 42 puntos. En él, el Gobierno no asumía el 100% de las exigencias del Tribunal de la Competencia (TDC) para dar el visto a la fusión ni las de la Comisión Nacional de la Energía, pero tampoco dejaba satisfechas a las empresas.

En primer lugar, el Ejecutivo decidió limitar la capacidad de generación al 42% de la cuota de mercado, al 48% la de distribución -hubiera supuesto traspasar 8,6 de sus 18 millones de clientes actuales- y al 40% la de comercialización. De seguir adelante, no hubieran podido incrementar su capacidad de generación hasta 2005.

Las cuotas establecidas estaban en línea con el proyecto de las empresas, aunque el 42% de generación superaba amplíamente la recomendación del TDC (35%). Sin embargo, Economía impuso a Endesa Iberdrola la obligación de vender mediante subasta, y no intercambiar, los activos excedentarios en un máximo de 14 meses.

La compañía fusionada hubiera tenido que vender su red de transporte de electricidad a un operador independiente; reducir del 20% al 10% su participación en Red Eléctrica, la compañía que gestiona la alta tensión, y limitar su participación en Repsol YPF desde el 5% que controlan Endesa e Iberdrola a un tope del 3%. También tendrían que vender los derechos de instalación de nuevas centrales de ciclo combinado (con gas) que superen la capacidad autorizada a Iberdrola.

El Ejecutivo aprovechó para modificar por real decreto el sistema de compensación a las eléctricas (un billón de pesetas) y eliminar el 4,5% que incluye la tarifa eléctrica para compensar los costes de trasnsición a la competencia (CTC). El recibo de la luz no bajará por esta decisión, pero Endesa e Iberdrola se han quedado sin la ayuda.