Dos varas

Diversos asuntos nos han dado en los últimos días buena muestra de las diferentes varas de medir que, según convenga en cada momento, se utilizan en política. Lo de arrimar el ascua a la sardina propia o lo de ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio, lo tienen bien aprendido nuestros políticos, de manera especial los que están en el Gobierno. Sucede en torno al proyecto del Plan Hidrológico Nacional, se ha dado igualmente con motivo de la reciente celebración del certamen Fitur y también lo hemos visto en relación con el llamado caso Cervera. Por lo que respecta al proyecto hidrológico, el PP ha optado por una vieja máxima: el que no está conmigo está contra mí y, de paso, contra todos los valencianos. El Consell y el PP arremeten sistemáticamente contra los socialistas por su postura en torno al PHN; no aceptan la más mínima crítica, y tampoco ejercen la autocrítica. La respuesta a las advertencias de los socialistas y de muchos expertos sobre las numerosas lagunas del plan, de los cálculos interesados y poco rigurosos que incluye y de los serios problemas con los que puede encontrarse a la hora de su validación por Bruselas es la acusación de no defender los intereses valencianos. Entonces, ¿cómo calificar las cesiones del Gobierno central al presidente castellano-manchego a cambio de su apoyo al proyecto, que afectan de forma negativa a los intereses valencianos? Y enlazando con esto: qué corta memoria la de aquellos que censuran las críticas del líder socialista valenciano a la política turística del Consell del PP, que ya no recuerdan las andanadas que ellos mismos dirigían contra las iniciativas de sus antecesores socialistas. Recuerden la marca Mediterrània. ¿Y el caso Cervera? Se han apresurado a pedir la dimisión del líder de EU, Joan Ribó, tras la retirada de su querella contra el anterior consejero de Sanidad sin pararse a pensar que, con mayor motivo, habría que pedírsela a quien promovió la querella contra el anterior responsable del Ivex. Al fin y al cabo, en el caso Cervera, la fiscal ha reconocido, al menos, la existencia de irregularidades y de indicios de criminalidad, mientras en el caso Ivex, el juez que decretó el archivo endosaba al querellante un considerable varapalo.