Los fiscales dudan de que se pueda regularizar en plazo a 1.630 afectados por la Ley del Menor

Sobre la mesa de trabajo de los fiscales de Madrid ya hay un total de 1.630 expedientes de menores cuya situación debe ajustarse a la nueva legislación. La ley prevé dos meses para regular estos expedientes, pero en el seno de la fiscalía hay serias dudas de que se pueda cumplir ese plazo. De hecho, desde que rige la nueva ley, los fiscales sólo han podido regularizar a 20 de los 830 menores penados (ya juzgados) que había en la región.

Los que sí han sido regularizados dentro del plazo de 48 horas que impuso la ley son los 33 menores de 16 y 17 años que estaban presos. En concreto, se trata de 29 preventivos y cuatro penados, entre los que se encuentran los tres adolescentes implicados en el crimen racista de la dominicana Lucrecia Pérez, ocurrido en 1992 en las ruina de la extinta discoteca Four Roses, y el joven condenado en el llamado crimen del juego del rol. Parte de los 33 menores quedaron en libertad y otros fueron trasladados al nuevo reformatorio de Madrid, el del Pinar, situado en la carretera de Colmenar Viejo.

Sin embargo, los dos problemas más acuciantes que afronta ahora la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid son ajustar a la nueva ley la situación de los 830 jóvenes penados y la de otros 800 cuyas causas han comenzado a llegar a la fiscalía desde todos los juzgados de instrucción de la Comunidad. Este último grupo está integrado por jóvenes con menos de 21 años encausados por diferentes delitos y que están en libertad provisional a la espera del juicio. La edad penal se ha establecido ahora en 18 años, pero cabe aplicar la nueva ley, en determinados supuestos y delitos, a jóvenes de hasta 21 años si carecen de antecedentes.

Para adecuar la situación de estos 800 nuevos afectados por la Ley del Menor, el plazo máximo establecido es de dos meses. Han transcurrido ya 17 días de vigencia de la ley y, según fuentes sindicales y otras cercanas a la fiscalía, los fiscales sólo han podido regularizar, de momento, a una veintena de penados, pero aún no han empezado con los otros 800 expedientes llegados de los juzgados. 'Tememos que pasarán los dos meses preceptuados en la ley y no se habrá podido regularizar a todos dentro del plazo', señalan. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ya vaticinó, días antes de la entrada en vigor de la ley, el caos que se avecinaba y lamentó la ausencia de medios con que desde el Gobierno central se iba a afrontar la nueva normativa. En opinión de Fernández Bermejo, la ley nacía desde la 'improvisación y con cicatería de medios'

Una muestra de esta falta de medios es, según fuentes cercanas a la fiscalía, el hecho de que los nuevos funcionarios asignados a ésta procedan de la bolsa de trabajo; es decir, 'carecen de experiencia y hay que enseñarles', según los citados medios. También hay más fiscales, pero igualmente carecen de experiencia. De ahí que el ritmo de las regularizaciones vaya a 'paso de tortuga', agregan las mismas fuentes. A todo esto hay que unir otro escollo: la nueva sede de la fiscalía, un edificio de cuatro plantas y 2.200 metros cuadrados situado en la calle del Bambú, sigue en obras. El sótano, donde están los calabozos (que el fiscal jefe de Madrid ha llegado a tachar de 'zulos'), y las plantas primera y segunda carecen todavía de condiciones para su cometido.

Seguridad y dispersión

Otro problema criticado por los fiscales es la dispersión de los departamentos judiciales relacionados con menores. La fiscalía ha quedado dividida en dos sedes: la antigua, situada en la calle de Martínez Campos (que ahora se ocupará de los asuntos relacionados con protección de menores), y la nueva, de la calle del Bambú, donde se instruirán las causas.

Parecida dispersión afecta a los juzgados de menores. Los dos nuevos creados a raíz de la ley (que se suman a los cuatro ya existentes en la calle de Fernández de la Hoz) se han ubicado en el edificio de Gran Vía que también acoge ahora a 20 de los 27 juzgados de lo contencioso. En este edificio se ha acoplado también el Juzgado Central de Menores, con jurisdicción en toda España y cuyo cometido es instruir las causas contra los menores detenidos por actuaciones de violencia callejera en Euskadi.

Precisamente, el juez decano de Madrid se reunió ayer con responsables de la Jefatura Superior de Policía para reclamar que se refuercen las medidas de seguridad en este edificio.