Los magistrados de la Audiencia de Málaga inician una huelga de celo

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga iniciaron ayer una huelga de celo para reivindicar la aprobación de la ley de retribuciones para la carrera judicial, una norma que contemplaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada hace más de 15 años, y que aún no se ha desarrollado. Esta decisión, que afecta también a la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Melilla, se encuadra dentro de las medidas de protesta que se están adoptando en las juntas de jueces de toda España para impulsar la aprobación de la ley.

La huelga de celo, según explicó el presidente de la Audiencia, Manuel Torres Vela, consistirá en que a partir de ahora los magistrados de la Audiencia se limitarán a cumplir estrictamente los módulos de trabajo establecidos por el Consejo General del Poder Judicial para las audiencias penales y civiles. 'El año pasado, por ejemplo, en la Audiencia de Málaga, superamos en un 50% el volumen de trabajo establecido en estos módulos', indicó Torres Vela, quien añadió que el 80% de los jueces trabajan más horas de las estipuladas por el CGPJ.

La regulación legal de la retribución de los jueces y fiscales es necesaria porque, al carecer constitucionalmente de libertad sindical, el colectivo no puede emprender una negociación colectiva de sus condiciones de trabajo. Por eso, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que las partidas retributivas o sociales, entre ellas los complementos de productividad, se regulen por medio de la ley que se reivindica ahora. En su momento, el PP y todos los demás partidos respaldaron en el Congreso una proposición no de ley reclamando esta norma.

Sin embargo, la peculiar estructura de la carrera judicial, carente de jerarquías, hace que la decisión de adoptar una medida como la huelga de celo se adopte, de manera independiente y por medio de una votación, en cada una de las juntas de jueces y fiscales de todo el territorio nacional.

La asociación progresista Jueces para la Democracia (JPD) se ha mostrado contraria a la huelga por entender que perjudica a los ciudadanos, según comentó ayer a este periódico la portavoz la asociación en Andalucía, la magistrada Inmaculada Montalbán. JPD se muestra partidaria de otras medidas de presión. De momento, esta asociación ha iniciado una campaña de recogida de firmas entre jueces y fiscales para enviarlas al Ministerio de Justicia y, si en un plazo de seis meses no se presenta un anteproyecto de la ley, promoverá concentraciones y movilizaciones.