El PNV acusa al Gobierno central por entorpecer el desarrollo autonómico con prácticas 'involucionistas'

El diputado del PNV Josu Erkoreka criticó ayer en Bilbao lo que calificó como 'estancamiento' del Estado de las Autonomías. En su opinión, el Gobierno popular está además entorpeciendo deliberadamente ese panorama con unas prácticas 'involucionistas', al demorar las negociaciones para el traspaso de las 38 competencias pendientes hasta después de las próximas elecciones autonómicas.

Erkoreka apuntó la posibilidad de que el PP esté 'pensando en demorar estas transferencias' porque trabaja con la hipótesis de un futuro Gobierno vasco presidido por los populares o los socialistas para después 'vender' que el proceso de transferencias 'se agilizaría' con estos partidos en el poder.

No obstante aseguró que en ese caso el PNV no va a aceptar 'mercancía averiada', es decir, transferencias que no respeten el contenido del Estatuto de Gernika. 'Tomando en cuenta esta singularidad, las transferencias no se pueden producir en Euskadi en los mismos términos de otras comunidades autónomas', subrayó. Erkoreka criticó la falta de respuesta de los populares a una serie de iniciativas presentadas de mayo a diciembre del pasado año por el Grupo Vasco en las Cortes Generales en el sentido de 'recordar al Gobierno su responsabilidad en el impulso del proceso de transferencias y exigirle un calendario para culminarlo'.

A pesar de esta actitud, el diputado recordó que una sentencia del Tribunal Constitucional establece con claridad que el Gobierno del Estado es 'el máximo responsable en el impulso de la transferencia de servicios'.

Con respecto al citado estancamiento, explicó que el último informe sobre las comunidades autónomas critica el 'inexplicable freno' que se ha impuesto a procesos como el de la reforma del Senado o el de la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la UE. Junto a ello, los nacionalistas creen que medidas como el proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, suponen una 'involución que bajo el pretexto de los compromisos adquiridos ante la UE, pretende igualar la autonomía financiera de todos los entes públicos territoriales del Estado, incluidas comunidades autónomas, provincias y municipios'.