Clos pide a CiU que medie ante sus aliados del PP para que Renfe acepte la tarifa única

El Partido Popular de Cataluña se quedó ayer solo en la defensa de la actitud de Renfe respecto a la integración tarifaria, relativamente acompañado por el silencio de CiU. En opinión de Ramon Riera, responsable de transportes del PP, Renfe actúa legítimamente al defender su cuenta de resultados, y la verdadera responsabilidad es de quienes anunciaron la integración tarifaria sin haber negociado con uno de los principales operadores: la compañía ferroviaria española. Riera aseguró que es partidario de la integración, pero cuestionó las zonas tarifarias propuestas por la Autoridad del Transporte Metropolitano e instó a la entidad a negociar con Renfe el futuro del sistema.

Riera calificó incluso al propio presidente del Gobierno de la Generalitat, Jordi Pujol, de irresponsable por 'montarse el pasado 15 de enero en el metro para ir a la plaza de Catalunya'. '¿Por qué no viajaba hasta Badalona, donde parte del transporte, y no precisamente Renfe, no está integrado?', añadió. Riera acusó de frívolas a las administraciones catalanas porque 'no han tenido en cuenta el ahorro de las empresas públicas', cosa que, en su opinión, sí ha hecho Renfe.

Las prisas

La integración tarifaria se ha hecho con prisas y mal, afirmó Riera, quien agregó que ahora se trata de endilgar el muerto de las culpas exclusivamente a Renfe, 'cuando los verdaderos responsables son quienes decidieron la integración sin contar con Renfe y sin decir siquiera que las canceladoras no estaban disponibles por culpa de una empresa del Gobierno catalán'.

El conflicto pasó ayer a ser claramente político. 'La cuestión es saber si el Gobierno central considera prioritaria o no la integración tarifaria', explicó el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Casas. En su opinión, los municipios barceloneses y el Gobierno catalán decidieron hace tiempo que la integración tarifaria era prioritaria, atendiendo a los beneficios que representaba para los usuarios del transporte y a lo que suponía de pacificación del tráfico en la ciudad. Y a partir de ahí actuaron en consecuencia y dieron instrucciones a las empresas de transporte para que buscaran la solución técnica. El problema es que para Fomento el transporte en Barcelona no es un asunto prioritario. La decisión es política. Si Fomento cree que Renfe tiene que integrarse, Renfe lo hará', insistió Casas.Hasta el martes, todo se reducía a un problema 'técnico'. Renfe no se integraba oficialmente en el sistema tarifario por problemas con las máquinas que cancelan los billetes, que la empresa pública GISA no había instalado a tiempo.

El martes se celebró una segunda reunión entre representantes de Renfe, el Ministerio de Fomento y la ATM. En la reunión, el problema 'técnico' pasó a ser también 'económico', en la medida en que la empresa ferroviaria cuantificó en 1.000 millones de pesetas anuales las 'pérdidas' que le supondría la integración de todas las estaciones en el nuevo sistema de tarifas y pidió a la ATM que la compensara con esa misma cantidad.

Nadie ha explicado el cambio de actitud de Renfe en esa reunión. 'La semana pasada todo parecía a punto para que se anunciara la integración definitiva, pero el cambio fue radical'. Renfe asiste como observadora y participa en la ATM, por lo que no puede alegar desconocimiento de todo el proceso, explicó Francesc Ventura, director de la Autoridad del Transporte. Ventura añadió que la ATM garantiza a Renfe los ingresos que obtuvo en el año 2000 y está dispuesta a incrementar esa cantidad teniendo en cuenta los aumentos de pasajeros registrados por la compañía en un periodo de dos o tres años, en ningún modo, como propone la compañía, considerando sólo los tres últimos meses del año.

De todas formas, Ventura cree que a los usuarios no se les puede ir a explicar cómo se negocia. 'La gente quiere la integración y el acuerdo', porque al final el dinero acaba saliendo de los mismo bolsillos, los de los impuestos.

La versión economicista era defendida ayer por el PP y por el director de la ATM, Francesc Ventura, pero apenas nadie más la compartía. Los socialistas, las asociaciones de vecinos, Iniciativa per Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona interpretaban la actitud de Renfe en clave política. Según la opinión generalizada, el Ministerio de Fomento había dado a Renfe la consigna de no pactar y buscar las razones convenientes para ello.

'El Ministerio de Fomento está muy molesto porque cree que con este asunto los socialistas han tratado de erosionarles, y no están dispuestos a consentirlo', explicó ayer una fuente conocedora de las negociaciones.

Frentes abiertos

El Gobierno español, en general, y el Ministerio de Fomento, en particular, tienen abiertos varios frentes en Barcelona y su área metropolitana: la ampliación del aeropuerto, el trazado de la línea de alta velocidad y los peajes, entre otros. Una solución es presentarse a la negociación con un paquete tan grande que cualquier cesión pueda ser interpretada como una concesión, al tiempo que se logra que los esfuerzos catalanes se disipen en una reclamación constante.

Entre quienes reclaman está el alcalde de Barcelona, Joan Clos. En su opinión, este asunto es demasiado importante para la ciudad como para andarse por las ramas. Clos reclamó ayer voluntad de pacto a Renfe y también pidió a CiU que medie ante sus aliados en el Parlament y en el Congreso para que desbloqueen el conflicto y Renfe se integre en la tarifa única en todo el territorio.

El conseller en cap, Artur Mas, declinó hacer declaraciones sobre el conflicto. El titular de Política Territorial, Pere Macias, justificó el silencio de su partido y del propio Gobierno: 'Lo importante es la integración tarifaria. La guerra mediática no contribuye a serenar las posiciones. CiU no intervendrá en esta especie de intento de sabotaje de la integración'.

No sostiene la misma posición Andrés Naya. En su opinión, Renfe 'boicotea' la inegración tarifaria y por ello propone unas condiciones económicas 'inaceptables'.

En la reunión del 12 de febrero se intentará desbloquear el conflicto, pero Francesc Ventura no confiaba ayer en que en ella se alcance una solución definitiva. En estos momentos se trabaja con la hipótesis de un acuerdo para dos o tres años, un plazo en el que las situaciones de las empresas ferroviarias cambiarán mucho. Más aún: la propia integración será un factor de cambio, lo que justifica un pacto temporal. Durante este periodo, la ATM aceptaría que Renfe mantuviera sus propio sistema tarifario, con la condición de que aceptara también los títulos integrados.