La investigación municipal sobre la incineradora tardará 'una semana'

La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto diligencias sobre el exceso de dioxinas detectado en uno de los tres hornos de la incineradora de Valdemingómez. El Gobierno regional cerró el pasado miércoles el horno tras detectar que, a finales de octubre pasado, se superaron en casi 15 veces los límites de emisión de dioxinas y furanos (sustancias consideradas tóxicas) que permite la legislación medioambiental. Las mediciones arrojaron unas cifras de dioxinas de 1,48 nanogramos por metro cúbico de aire, cuando el máximo permitido es de 0,1 nanogramos.

Asimismo, la Fiscalía de Medio Ambiente, que dirige Emilio Valerio Martínez de Munaín, ha ordenado a miembros del Seprona (sección de medio ambiente de la Guardia Civil) que elaboren un atestado exhaustivo sobre el incidente. Los agentes se desplazarán la próxima semana a la planta para investigar lo ocurrido acompañados de un perito experto en el tratamiento y gestión de residuos sólidos.

El perito designado es Alfonso del Val, autor de numerosos estudios medioambientales y de planes municipales para la organización del tratamiento de residuos. Hace 20 años, en Navarra, Del Val puso en marcha el primer plan de recogida selectivas de residuos en origen.

La fiscalía pide a los agentes y al perito que indaguen e informen por escrito de las posibles causas 'que han determinado el aumento, en proporción 15 veces superior al permitido, de las dioxinas en un horno de la incineradora'.

También ordena el fiscal que se averigüe si el alarmante incremento de dioxinas pudo deberse 'a una combustión indiscriminada de residuos plásticos' (el PVC, el que genera más dioxinas), y que se investigue si se ha producido algún fallo en las máquinas y filtros del horno que, tras la combustión, se encargan de reducir las dioxinas que finalmente salen al exterior. Cuando la fiscalía reciba el informe,proseguirá con sus pesquisas para determinar si cabe atribuir algún tipo de falta o delito a los responsables de la incineradora.Paralela a la investigación ordenada por el fiscal de Medio Ambiente, el Ayuntamiento y la Comunidad llevan a cabo una inspección minuciosa del polémico horno. Hasta que no se aclare el origen del incremento de las emisiones, el horno permanecerá cerrado, y la incineradora, que quema diariamente 900 toneladas de basura, a un 66% de su capacidad. El concejal de Medio Ambiente, Adriano García-Loygorri, calcula que esta investigación durará 'una semana o 10 días'.

El edil añadió que no cree que el aumento de las dioxinas se deba a un cambio de los materiales de combustión. Desde hace dos años, el Ayuntamiento, paulatinamente, va separando el papel y los envases reciclables del resto de la basura que acaba en los hornos. 'Es cierto que, para compensar la falta de energía calorífica del papel, los envases y el cartón, hemos de poner más toneladas de basura. Pero eso no creo que sea la causa del incremento de dioxinas porque éste sólo se ha dado en uno de los tres hornos, y todos queman el mismo tipo de desperdicios', señaló el concejal.

Riesgo para la salud

Expertos en el tratamiento de residuos expresaron ayer su convencimiento de que el exceso de dioxinas no se debe a una momentánea y mayor combustión de un tipo específico de residuos, sino a un posible fallo en el proceso de poscombustión. Según los citados expertos, que no quieren causar alarma mientras no concluyan las investigaciones, es crucial controlar al máximo la salida de dioxinas, dado que algunas de ellas son nocivas para la salud. 'Afectan al sistema inmunológico y en las embarazadas pueden generar malformaciones en el feto', afirman.

De cualquier modo, desde la Comunidad y desde el Ayuntamiento se ha informado de que las emisiones de dioxinas detectadas a finales de octubre no han puesto en peligro la salud de los ciudadanos. García Loygorri señaló que para que se pusiera en peligro la salud de los niños, la cantidad de dioxinas emitidas a la atmósfera debe ser 400 veces mayor al registrado a finales de octubre. En el caso de los adultos, esta cantidad debe ser mil veces más alta, según García-Loygorri. En cualquier caso, y como primera medida de seguridad adoptada tras el incidente, los controles de dioxinas en Valdemingómez, que hasta ahora se realizaban trimestralmente, pasarán a ser semanales.

Estas llamadas a la tranquilidad realizadas desde las administraciones locales no han convencido a los colectivos ecologistas. Greenpeace y Ecologistas en Acción han reiterado el riesgo potencial que la quema de residuos supone para la salud de los residentes en el área cercana a la incineradora -Vallecas Villa, Santa Eugenia, Rivas y Vicálvaro - y han solicitado su clausura total y definitiva.